Hace 40 años, nuestro país se reintegraba al sistema democrático tras haber transitado siete años -desde 1976 hasta 1983- la dictadura cívica, eclesiástica y militar más sangrienta de nuestra historia.
Aquel 10 de diciembre, donde se conmemoraba la declaración universal de los Derechos Humanos, se lograba restablecer en nuestro país el sistema democrático y el estado de Derecho tras la lucha del pueblo, sindicatos, organizaciones políticas-sociales y organismos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que denunciaron los crímenes del terrorismo de Estado, las violaciones de derechos humanos, el plan sistemático de desaparición de personas y la apropiación de niñeces por parte de las fuerzas represivas. Años más tarde, en el año 2007, se declaró mediante la Ley Nro. 26.323 al 10 de diciembre, como el “Día de la Restauración de la Democracia”, en conmemoración a que ese mismo día, pero en 1983, se restableció en la Argentina el sistema democrático y el Estado de Derecho.
La escuela habla de Derechos Humanos
El rol del Estado como garante del pleno ejercicio de los derechos.
En principio, resulta fundamental hablar del Paradigma de los Derechos Humanos que consiste en un marco de referencia desde el cual abordar, analizar y modificar prácticas sociales estructuradas sobre creencias que establecen valencias diferenciales para las personas. Este proceso de construcción histórico-social de los derechos humanos es dinámico y progresivo y su reconocimiento por parte de los Estados es producto de esas luchas por la conquista de los derechos. Así, por ejemplo, podemos señalar que la existencia de sindicatos nos resulta “natural” porque hace más de cien años los/as trabajadores/as conquistaron el derecho a defender conjuntamente sus intereses creando organizaciones especializadas (los sindicatos) hasta entonces inexistentes.
Esas conquistas de derechos están avaladas por un “sistema de protección”, consistente en organismos supranacionales que supervisan y garantizan el respeto de las intenciones plasmadas en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos a los cuales los Estados adhieren libremente.
Es importante tener presente que al firmar y confirmar los distintos instrumentos internacionales de protección de los DD.HH., los Estados asumen obligaciones frente a otros Estados y fundamentalmente con los ciudadanos/as que habitan en su territorio. Estas obligaciones se resumen en: respetar, abstenerse de interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos, sea por acción u omisión; proteger, son los Estados los que deben adoptar políticas para impedir todo tipo de abusos y violaciones de los DDHH y, por último; garantizar, llevar adelante medidas tendientes a promover y asegurar el ejercicio de los derechos humanos.
Los Estados asumen estas obligaciones de forma voluntaria y con la intención de llevar adelante las derivaciones pertinentes. Los sistemas de protección de los derechos humanos se ponen en juego cuando los Estados incumplen las obligaciones asumidas. Por lo cual, es imprescindible la articulación entre las normas internacionales y las políticas internas que garanticen el desarrollo de una vida digna.
En la medida en que cada Estado está obligado y es responsable de respetar y garantizar la vigencia de los derechos humanos es, también, el único que puede violarlos. Es por ello que cuando un/a funcionario/as público/a incumple (por ineficacia, imposibilidad o retardo) sus obligaciones o abusa del poder que le fue otorgado –negando derechos o dejando de hacer lo necesario para garantizarlos– nos encontramos frente a una violación de derechos humanos. En esos casos las personas pueden interponer acciones ante organismos internacionales.
A la hora de trabajar en las instituciones educativas, es transcendental recordar que la aplicación de los Derechos Humanos a la que se encuentra obligado el Estado y sus autoridades se rige por los siguientes principios:
- Universales: corresponden a toda la humanidad en todo tiempo y lugar, aseguran que todo sujeto es sujeto de derecho, también persigue el objetivo de que todos los países adhieran a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y arbitren los medios necesarios para su cumplimiento. En este punto podríamos sumar una perspectiva intercultural que permita formas de expresión diferenciadas dentro de un marco que asegure la dignidad de las personas.
- Inherentes a todos los seres humanos: todas las personas tienen los mismos derechos, son iguales ante la ley. A pesar de que este reconocimiento no ha garantizado la eliminación de las asimetrías de poder y las injusticias, la igualdad formal de derechos y la participación democrática son herramientas que ayudan a profundizar la construcción de sociedades basadas en relaciones de poder más ecuánimes. Resulta importante remarcar que en muchas sociedades las mujeres aún afrontan distintas formas de discriminación, subordinación y sometimiento frente al hombre, lo que convierte al principio de igualdad de género en un punto primordial para garantizar la participación de mujeres y hombres en iguales condiciones de poder.
- Intransferibles e inalienables: nadie puede transferir, negociar ni renunciar a estos derechos. Los Estados no pueden negarlos, revocarlos o anularlos. Apunta a la prohibición de terceros de proponer canjes o negociados que perjudiquen las condiciones en que se practican los derechos adquiridos.
- Interdependientes y complementarios: los derechos se encuentran vinculados entre sí. La validez y aplicación de unos es condición para la plena realización de los otros, de tal forma que el quebrantamiento o desconocimiento de alguno de ellos significa poner en riesgo el ejercicio de otros. El discurso liberal ha intentado defender la prioridad de los llamados derechos individuales o de la libertad individual frente a los derechos denominados colectivos. En realidad, no existe tal prioridad, tanto unos como otros son producto de procesos de lucha de los pueblos por limitar el abuso de poder y poder construir relaciones sociales respetuosas y condiciones de vida dignas. Todos poseen la misma jerarquía e importancia.
- Obligatorios: el Estado debe establecer su accionar con el fin de garantizarlos. Debe no solo reconocerlos, sino implementar acciones concretas para que su ejercicio se haga realidad.
- Progresivos: El proceso de adquisición de derechos es un proceso abierto a través del tiempo, los Derechos Humanos resultan una construcción histórica que deviene de las luchas sociales que buscan liberarse de condiciones adversas a la dignidad humana y que están marcadas por la progresividad de las conquistas adquiridas. Este principio apunta a promover la progresiva ampliación y mejora de los derechos ya ganados de dos formas: a través de la declaración de nuevos derechos o la ampliación de los ya existentes, y por otro lado, resistiendo prácticas que empeoren las condiciones de vida o que intenten vulnerar beneficios ya alcanzados.
Argentina adhiere al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales2 y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3, que como ciudadanos/as nos garantizan, entre otros derechos, los siguientes:
› Derecho a salud
› Derecho a educación
› Derecho universal a una vivienda digna y adecuada
› Derecho a no ser discriminado
› Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres
› Derecho a no ser torturado
› Derecho a la libertad y seguridad de la persona
› Derecho a ser tratado con humanidad bajo detención
› Derecho a circular libremente
› Libertad de expresión
› Derecho de reunión pacífica
› Libertad de asociación
› Derecho a participar en los asuntos públicos
› Derecho de igualdad ante la ley
› Derechos de las minorías
› Derecho a trabajar
› Derecho a elegir y aceptar un trabajo
› Derecho a condiciones justas y favorables en el trabajo
› Derecho a formar sindicatos
› Derecho de huelga
› Derecho a seguridad social
› Protección de infancias y adolescencias ante explotación social y económica
› Derecho a un nivel de vida adecuado
› Protección ante el hambre
Conclusión
Los Derechos Humanos son el resultado histórico de luchas de intereses y, dado que los intereses fluctúan y se modifican a lo largo del tiempo, ningún derecho está dado de una vez y para siempre.
Durante 40 años ininterrumpidos de democracia, nuestro pueblo ha atravesado diversas crisis políticas y sociales que agudizan las desigualdades y vulneran derechos. En la actual coyuntura de nuestro país no todas las personas tienen los mismos derechos, debido a políticas que priorizan el pago de la deuda usurera e ilegítima al Fondo Monetario Internacional por sobre la calidad de vida de los y las ciudadanos/as; el avance de golpes de Estado en la región a través de las persecuciones judiciales (lawfare); y el impulso de las clases dominantes que genera condiciones de desestabilización y la falta de medidas del Estado que atiendan las necesidades populares. Nos encontramos frente a una profunda crisis donde la democracia se ve amenazada por prácticas autoritarias, negacionismos, discursos de odio y violencia política, sin embargo, seguiremos apelando al legado del movimiento de Derechos Humanos y a la organización colectiva de todo el puedo más que nunca, para defenderla y revitalizarla.
Lamentablemente, en la actualidad la democracia se encuentra amenazada y por ende debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Qué enseñanzas y legados nos deja el movimiento de Derechos Humanos?¿Cuán necesarias son las memorias de las luchas sociales y las conquistas de derechos del pasado en nuestro presente crítico? ¿Qué papel pueden jugar las memorias contra el terrorismo de Estado en la construcción actual de la defensa de los derechos humanos?
No debemos perder de vista que los logros en materia jurídica de derechos humanos están sostenidos por las luchas colectivas y son el resultado de una construcción social permanente, lo que nos deja en claro que no son reglas establecidas e inmutables y que deben ser permanentemente ejercidas y defendidas.
La conquista de derechos es un proceso que responde a la pluralidad de los pueblos y a los intereses de los diferentes grupos sociales, en este camino la primera instancia es la visibilización de la situación de desigualdad, luego el reconocimiento del derecho y finalmente el ejercicio pleno. La lucha por los DDHH expone y desnaturaliza las prácticas establecidas que someten a las personas y grupos vulnerables.
En estos últimos 40 años se afianzó en nuestro país un consenso democrático que implica el respeto por la vigencia de los derechos humanos, la condena al terrorismo de Estado, la necesidad de sancionarlo y poner en valor el sistema democrático como modo de convivencia social. El movimiento de Derechos Humanos tuvo gran participación en la consolidación democrática.
Los movimientos de Derechos Humanos, desde sus inicios, se caracterizaron por su apertura y composición heterogénea: algunos precedentes a la dictadura, y otros como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que se originaron en esos años; activistas sociales, sindicales y políticos así
como artistas, intelectuales y ciudadanos y ciudadanas comprometidos y comprometidas. Este conjunto de organizaciones y activistas impulsan y llevan adelante acciones públicas y demandas hacia el Estado por el reconocimiento de las violaciones ocurridas durante la última dictadura militar y en el período democrático, y también son impulsores de las luchas por la conquista de nuevos derechos, constituyéndose como la base ética de nuestra democracia.
Como trabajadoras y trabajadores de la educación educamos, construimos y luchamos para que el Estado garantice los Derechos Humanos plenamente y en defensa de la democracia, con el compromiso de construir una sociedad más justa, igualitaria y por la ampliación de derechos.
En éste sentido nos resultan fundamentales las políticas públicas de memoria que nos ayudan cotidianamente (como docentes y ciudadanos/as) a hacer realidad tanto el derecho a la verdad y la justicia como a reparar y garantizar la no repetición. Las restricciones son múltiples y según Elizabeth Jelin: La pregunta aquí es cómo el Estado y sus instituciones incorporan interpretaciones del pasado en los procesos de democratización. Una pregunta adicional: en qué medida asumen la responsabilidad por el pasado o plantean un quiebre entre lo actual -el régimen democrático- y el pasado que “no nos pertenece”. El sistema educativo, el ámbito cultural, el aparato judicial, son algunos de los espacios que pueden llevar adelante una estrategia de incorporación de ese pasado. Que lo hagan, de qué manera, y con qué resultados, es siempre parte de los procesos de lucha social y política.
Las realidades de empobrecimiento que afrontan miles de personas en el mundo y las injusticias que atraviesan las historias de muchos pueblos, ponen de relieve la insuficiencia de un discurso de Derechos Humanos que no tome como punto de partida las relaciones de poder. Continuar avanzando en materia de derechos es una responsabilidad de todos y todas. No hay democracia sin Derechos Humanos.
Secretaría de Derechos Humanos
SUTEF