Los abajo firmantes, docentes de educación especial, celebramos que el gobierno ponga su mirada en las personas con discapacidad pero vemos con profunda preocupación la desvalorización y falta de reconocimiento de nuestra formación y de nuestra tarea docente.
Para citar algunos ejemplos: a pesar de nuestros aportes a la Ley Provincial de Educación, no hemos logrado que se reemplazara el término de personal especializado por el de docente de educación especial como actor fundamental en la orientación de la trayectoria escolar de los estudiantes con discapacidades y las normas que regirán los procesos de evaluación, acreditación y certificación escolar.
En la práctica cotidiana, observamos cómo se nos excluye de los proceso de integración de alumnos con discapacidad en el resto de las modalidades.
Tampoco es un detalle menor el hecho de que proliferan cursos de capacitación de pocos meses de duración que habilitan para desempeñarse en tareas inherentes a nuestra función (por ejemplo; cursos de estimulación temprana en 4 meses, etc.).
En estos días se ha hecho público un decreto (N°2037) con la firma de la gobernadora y la ministra de educación, mediante el cual se reconoce la labor desempeñada por el personal que presta funciones en los CAAD, modificando el régimen laboral asimilándolo al que ostentamos los educadores de educación formal de la modalidad especial. Es sabido que en estos centros de actividades alternativas para la discapacidad, las designaciones de cargos y horas cátedra han sido por fuera de lo que establece el Estatuto docente y demás leyes; no se exige título de docente de educación especial, los empleados no están inscriptos en la Junta de Clasificación y Disciplina por lo que no hay un listado de merituación que garantice la transparencia del proceso.
Con este decreto se persigue el propósito de normalizar esta situación pero de una manera aún más irregular; asimilando el régimen laboral de los empleados de los CAAD al de los educadores titulados de la modalidad especial que nos desempeñamos dentro del sistema respetando las leyes y normativas inherentes a nuestra función docente, donde nuestra tarea es supervisada por los estamentos del Estado correspondientes; Supervisiones escolares y técnicas como todas la escuelas dependientes del Ministerio de Educación.
Este hecho es a todas luces injusto y va en detrimento de la excelencia educativa…
¿Qué lugar se le otorga a la formación y a la capacitación docente?
Nos vemos en el deber de defender el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Sólo una educación en la que intervenga el docente de educación especial, formado para tal fin, permite desarrollar sus potencialidades, a partir de comprender las características de aprendizaje, disponiendo de los recursos que la educación especial brinda.
No contar con docentes de educación especial supone desoír el derecho de estas personas al acceso a la educación y a la cultura; es alejarlo de sus posibilidades de desplegar sus potencialidades, negárselo implicaría sumir a nuestros alumnos en una discriminación encubierta, tal como lo establece el artículo 2 de la Declaración de los derechos de las personas con discapacidad.
Por tal motivo, hacemos un llamamiento al respeto de nuestra profesión, garantizando la transparencia en el acceso a la docencia, y sobre todo; la excelencia educativa hacia nuestros alumnos.
SECRETARÍA DE PRENSA Y DIFUSIÓN – COMISIÓN DIRECTIVA PROVINCIAL