La vocal por las trabajadoras y trabajadores activos OSEF, Adriana Soria, cuestionó los acuerdos de pago impulsados por la presidencia de la obra social —bajo la órbita del Gobierno de Gustavo Melella— que convalidan planes de pago de «cómodas cuotas» para los entes deudores.

Soria criticó los convenios, señalando que los mismos benefician a los entes deudores mientras más de 55.000 afiliadas y afiliados enfrentan cortes de servicios y prestaciones. Estos acuerdos que impulsa la presidencia de la obra social se dan en un escenario crítico: servicios interrumpidos, farmacias que no operan con normalidad y dificultades crecientes para garantizar tratamientos.

Los convenios del Concejo Deliberante de Tolhuin y el municipio de Río Grande encendieron las alarmas. Por ejemplo, el municipio de Río Grande mantiene una deuda de 3.000 millones de pesos que se cancelará en 36 cuotas con una tasa de interés del 21% anual.

«Sabemos claramente que los medicamentos de acá a tres años no van a valer lo mismo», advirtió Soria en diálogo con Tripulantes de la Mañana, señalando que estos acuerdos representan un «perjuicio grande» porque, mientras el dinero ingresa a cuentagotas, las droguerías no cotizan ni envían medicación hasta que no se cancele la deuda acumulada. «A la droguería no le podemos decir que de acá a tres años le vamos a pagar», graficó.

Soria apuntó directamente al Gobierno de la Provincia, ya que la presidencia del organismo actúa bajo sus indicaciones directas y que es, paradójicamente, el principal deudor de la obra social. «El responsable de cómo está hoy la obra social es quien habilita estos planes de pago de otros deudores», afirmó con dureza.

La maniobra técnica consistiría en esquivar la vía judicial. Aunque en diciembre de 2025 el Directorio había aprobado iniciar juicios y forzar el cobro inmediato, la gestión política se apura a cerrar convenios individuales —primero con la Agencia de Innovación, luego con Tolhuin y Río Grande— para bloquear la intervención de la Justicia.

«Ese dinero es salario de todas y todos los trabajadores del Estado. Estaba presupuestado para ese fin y se usó en otras cosas. Claramente es una malversación de fondos», denunció Soria.

El conflicto también pone bajo la lupa el modelo de financiamiento de la salud en la provincia. Soria señaló que el 55% del presupuesto de OSEF se destina al sector privado, mientras los hospitales públicos permanecen en obras eternas o con falta de profesionales. «Se le da a los sectores privados para que sigan enriqueciéndose y construyendo enormes edificios», fustigó.

Ante este escenario, Soria planteó que es necesario recuperar la autarquía de la obra social, para que quienes aportan —las y los trabajadores activos y pasivos— tengan mayoría en la toma de decisiones y el control de los recursos.