La presidenta de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Mariana Silvina Hruby, fue denunciada ante la Fiscalía de Estado por la vocal en representación de las trabajadoras y trabajadores del sector activo, Adriana Soria.

Soria radicó la denuncia luego de que la Presidencia firmara un acuerdo para refinanciar más de $11.140 millones de la deuda del Gobierno Provincial con la obra social. Hruby, en lugar de exigir el pago inmediato o iniciar acciones judiciales, acordó un plan de pagos en 36 cuotas —es decir, a tres años— y con una tasa de interés pasiva, muy por debajo de la tasa activa que la OSEF paga a sus propios proveedores.

Este convenio implica un desfinanciamiento planificado de la obra social en perjuicio de más de 55.000 afiliadas y afiliados.

Incompatibilidad y falta de excusación

La presidenta Hruby incumplió con el artículo 8.º de la Ley Provincial N.º 141, que obliga a los funcionarios a excusarse de intervenir cuando existe una “relación de servicios” o dependencia con la contraparte.

La denuncia señala que Hruby no debía intervenir en ese acuerdo, ya que su cargo depende directamente del gobernador Gustavo Melella, quien justamente encabeza el Gobierno que mantiene la deuda. Esto configura un claro conflicto de intereses.

Condiciones perjudiciales para la Obra Social

• Plazo excesivo: se optó por un plan de 36 cuotas, a pesar de que existían proyecciones para cancelarlo en 12 o 24 meses.
  
• Tasas de interés desfavorables: se aplicó una tasa pasiva de plazo fijo del BTF, la cual es sustancialmente menor a la tasa activa que la OSEF debe pagar a sus propios proveedores y prestadores por deudas vigentes.
  
• Falta de garantías: a diferencia de convenios similares (como el firmado con la Municipalidad de Río Grande), este acuerdo no incluye una cláusula de caducidad automática ante la falta de pago, dejando a la OSEF sin herramientas de cobro ejecutivo inmediato.
  
• Renuncia a la vía judicial: no se avanzó con juicios para cobrar la deuda, a pesar de que existían herramientas legales para hacerlo.

Pedido de investigación

Soria solicita a la Fiscalía de Estado que investigue la conducta administrativa de Mariana Hruby y determine si el convenio debe ser anulado para proteger el patrimonio de más de 55.000 afiliadas y afiliados. Asimismo, se pide que se audite la liquidación de intereses moratorios para verificar si se ajusta a la normativa vigente.

“Mientras la Obra Social se encuentra desfinanciada por deudas millonarias, Hruby le da facilidades al Gobierno para que pague recién dentro de tres años, dejando a las trabajadoras y trabajadores del Estado como únicos perjudicados por esta claudicación ante el poder político”, argumentó la vocal Adriana Soria.