En un contexto de crisis en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), la vocal en representación de las trabajadoras y trabajadores del sector activo denunció penalmente a la actual presidencia de la obra social.
La presentación judicial apunta directamente contra la conducción que responde al Gobierno de la Provincia, por posibles delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en base a hechos detectados en actuaciones previas de la Fiscalía de Estado provincial.
Según consta en la denuncia, el eje de las irregularidades radica en el presunto uso indebido de fondos de afectación específica —recursos que por ley deben destinarse a fines determinados—. En ese marco, se señala el desvío de $937.119.449,74 desde el Fondo Específico para Enfermedades de Alto Requerimiento hacia la cuenta general de la obra social para cubrir obligaciones corrientes.
La denuncia se formalizó en medio de un escenario crítico para más de 55.000 afiliados y afiliadas —con cortes de prestaciones, farmacias que no operan con normalidad y dificultades crecientes para garantizar tratamientos—, y cuestiona además la viabilidad del compromiso de restitución de esos fondos en un contexto donde el propio Gobierno provincial mantiene una deuda millonaria con la OSEF.
Entre otros puntos, se advierte que las decisiones se habrían adoptado sin la intervención previa de los órganos de control interno y bajo presuntas presiones a áreas técnicas, mediante resoluciones que conminaban a Tesorería y Contaduría a ejecutar los movimientos bajo apercibimiento de sanciones.
Asimismo, la presentación incorpora un señalamiento por posible ocultamiento de información a la Fiscalía de Estado respecto del nivel real de endeudamiento del Ejecutivo con la obra social, que superaría ampliamente las cifras informadas oficialmente.
La causa se encuentra en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar si existieron conductas delictivas en la administración de los recursos de la OSEF, en un contexto donde la crisis impacta sobre el derecho a la salud de miles de afiliadas y afiliados.