Día Internacional de los Derechos Humanos y Día de la Restauración de la Democracia en Argentina

El 10 de diciembre conmemoramos el Día de la Restauración de la Democracia, tras 41 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país, luego de un ciclo de golpes militares que culminaron con la noche más oscura de nuestra historia, con siete años de dictadura cívica, eclesiástica y militar. 

A su vez, se rememora en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos por ser la fecha en que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, una jornada de sensibilización para la comunidad mundial acerca de los derechos fundamentales e inalienables que toda persona tiene y que deben protegerse en el mundo entero. 

No es casual que en una misma fecha recordemos dos hitos tan importantes. Si bien la Junta Militar pretendía una transición de seis meses con el gobierno electo, señalando el 25 de mayo de 1984 para la vuelta de la democracia, la asunción fue adelantada para el 30 de enero ante el pedido de Raúl Alfonsín. Luego de ser electo el 30 de octubre, el dirigente exigió el adelantamiento de la entrega del poder ante la crítica situación del país, para el 10 de diciembre. Esta definición política, más allá de la postura de Alfonsín en torno a la teoría de los dos demonios que quedó desacreditada ante las vastas evidencias del cruento accionar de la Junta Militar con complicidad de sectores civiles, deja un mensaje claro y potente para el pueblo argentino: el compromiso debe ser colectivo para ponerle fin a los golpes de Estado que se convirtieron en moneda corriente durante el siglo XX con métodos cada vez más violentos y sangrientos para establecer un sistema económico y social neoliberal, a fuerza de la sangre de la juventud obrera y estudiantil, del movimiento obrero y de todas/os aquellos que asumieron un compromiso social y militante y se opusieron a este modelo de entrega y coloniaje.

Debemos recordar que el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder para implantar el Terrorismo de Estado y un sistema político económico neoliberal que, con José Alfredo Martínez de Hoz al frente de la cartera económica, planteó una serie de reformas estructurales basadas en el ideario liberal y los aportes de la “Escuela de Chicago” (Crespo, Lida, Yankelevich, 2007). De este modo, se reemplazó el modelo centrado en la industrialización por sustitución de importaciones que se desarrolló durante décadas, desplazando el eje de valorización hacia el sector financiero, en un plan que incluía una política distributiva regresiva y la apertura comercial, sostenido a través de medidas como el congelamiento salarial, la supresión del sistema de control de precios y la devaluación (Raggio, Salvatori y Saraví, 2008). Ya Rodolfo Walsh en su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar” escrita en 1977 define este plan económico como la miseria planificada (2021), que sólo pudo ponerse en marcha con la persecución, represión y exterminio de los movimientos obreros, juveniles, estudiantiles y de todo aquel que tenga un compromiso social y militante y se oponga al régimen, dejando que la población sepa qué ocurría con los opositores sin reconocer oficialmente los métodos empleados, un método de disciplinamiento social que popularizó frases como “no te metas” y “algo habrán hecho”. 

Solo en la clase trabajadora se cuenta el 67% de las personas desaparecidas, entre militantes, delegados/as, y dirigentes sindicales, no por azar sino porque, para que el plan económico tenga éxito, fue necesario fracturar el poder de los trabajadores organizados (Basualdo, Barragán y Rodríguez, 2008), que ya había mostrado su fuerza y capacidad de organización en las puebladas argentinas entre 1969 y 1972. Este modelo político económico tampoco hubiese sido posible sin la participación cómplice de civiles: grupos empresariales, de la oligarquía nacional, de jueces afines y de la Iglesia Católica, quienes no se limitaron sólo a mirar al costado, sino que son responsables necesarios de las atrocidades cometidas, en muchos casos, participantes directos de la desaparición, la tortura, el asesinato, la apropiación de bebés y el robo de bienes de las personas detenidas desaparecidas. A ellos también debe sumarse la participación de Estados Unidos a través de la CIA, con la Doctrina de Seguridad Nacional y la fundamental colaboración del Fondo Monetario Internacional a través de dos acuerdos que exigieron al país la desregulación de la economía y un fuerte ajuste que asegurase el pago de la deuda (Rapoport, 2020). La brutalidad de este modelo político económico desgastó al gobierno militar, que intentó mantenerse a flote involucrándonos en una guerra mal planificada para recuperar las Islas Malvinas reflotando aquel reclamo legítimo y soberano del pueblo argentino, en la cual contamos 649 caídos. Esto, sumado a la pérdida de apoyo internacional, aceleró la apertura democrática ante el creciente malestar de la sociedad que comenzaba a organizarse nuevamente. Además, la crisis económica hizo imposible la continuidad del régimen para la ya desgastada Junta Militar. A 41 años de ese histórico día, debemos recordar y fortalecer la memoria sobre los graves crímenes cometidos, cuyos responsables siguen siendo juzgados en los juicios de Lesa Humanidad. También debemos reflexionar sobre las consecuencias del modelo económico, que mostró sus peores efectos durante la crisis y el estallido social de 2001, y que aún hoy afectan a la clase trabajadora. Teniendo en cuenta este panorama histórico, es necesario poner en valor las conquistas alcanzadas a partir del regreso democrático, reivindicando la historia de las luchas colectivas que las convirtieron en una realidad. Pero, al mismo tiempo, debemos tener presente que esta democracia aún es joven, quedan derechos por conquistar, luchas por ganar y reivindicaciones por alcanzar: celebramos que hoy las voces se hayan multiplicado y más sectores sean visibilizados, pero denunciamos que muchos otros siguen relegados, sus demandas continúan ocultas en una agenda política nacional y provincial que se aleja cada vez más, adrede o por desidia, de las necesidades de los sectores más vulnerables. 

Además, recuperar la memoria de estos hechos nos permite reconocer las definiciones políticas y económicas que el actual gobierno neoliberal pretende repetir a costa de la soberanía nacional, del bienestar del pueblo y del efectivo cumplimiento de los Derechos Humanos. 

Aunque el Estado sea responsable de garantizar a la ciudadanía el acceso a los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y de los Pueblos, debemos asumir la obligación de permanecer alerta en su defensa de forma continua y colectiva. Permanecer alerta implica alzar la voz y denunciar las decisiones de los dirigentes políticos que, como ocurre hoy, permiten el saqueo inescrupuloso y la aplicación a rajatabla de las recetas del FMI que ponen en riesgo nuestra soberanía y profundizan el ajuste que siempre termina pagando el pueblo trabajador. 

En un tiempo histórico convulso, en el que los discursos hegemónicos de las clases dominantes se vuelven más radicales y en el que se cuestionan asuntos que muchas y muchos consideramos que estaban ganados, el deber de defender los derechos alcanzados se vuelve una obligación para el campo popular en cada espacio en el que participamos. 

Es fundamental fortalecer las luchas y reclamos de cada espacio a través de la unificación de los sectores populares en la solidaria participación y apoyo de cada causa.

Debemos sostener y reivindicar que la democracia no se limita a la participación en elecciones, a la vez que debemos recordarle a la dirigencia política que son responsables de dar respuestas a las necesidades del pueblo con quien tienen un compromiso ineludible. 

El mayor acto democrático que podemos llevar adelante es permanecer en las calles en la más amplia unidad, en defensa de las conquistas alcanzadas y en la firme convicción de continuar este camino de ampliación de derechos, siempre pero especialmente hoy, en la unidad de las luchas populares.

Referencias

Barragán Sáez, P., Basualdo, V. y Rodríguez, F. (2010) La clase trabajadora en la última dictadura militar 1976-1983: Apuntes para una discusión sobre la resistencia obrera.

Dossier N°13 Memorias en las aulas. Comisión Provincial por la Memoria, Área de investigación y Enseñanza, La Plata. Consultado en https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/jovenesymemoria/bibliografia _web/recursos_dossier.html

Crespo, H., Lida, C. y Yankelevich, P. (comp.) (2007) Argentina 1976. Estudios en torno al golpe de Estado. Centro de Estudios Históricos, México. Raggio, S., Salvatori, S. y Saraví, M. (2008) Fin de época: la industria durante la última dictadura militar. Dossier N°2 Memorias en las aulas. Comisión Provincial por la Memoria, Área de investigación y enseñanza, La Plata. Consultado en https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/jovenesymemoria/bibliografia _web/recursos_dossier.html

Rapoport, M. (2020). Parece cuento que la Argentina aún exista. La crisis del neoliberalismo en el espejo del mundo y de la historia. Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad, 55(2), 213-220.

https://doi.org/10.56503/CICLOS/Nro.55(2020)/2026 Walsh, R. (2021) Carta abierta de un escritor a la Junta Militar. En Operación Masacre. Buenos Aires, Ediciones De La Flor.

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