El conflicto gremial escaló en Tierra del Fuego, con acusaciones cruzadas entre las cámaras empresariales y el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), que sostiene una lucha por un «salario digno» y por «la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo».
El plan de lucha de SUTEF se intensificó con un «acampe educativo» entre el 1 y 5 de septiembre, que culminó con el paro de este viernes. En ese marco, las Cámaras Empresariales emitieron una solicitada dirigida al gobernador Gustavo Melella que echó más nafta al fuego.
En la solicitada, las cámaras apuntaron contra los docentes fueguinos: «Estos bloqueos afectan la libre circulación, dañan gravemente la actividad comercial, ponen en riesgo puestos de trabajo y generan un perjuicio directo a toda la comunidad, que necesita desarrollar sus actividades cotidianas con normalidad».
Acto seguido, reclamaron: Restablecer el orden público y la libre circulación; Proteger la actividad comercial, industrial y de servicios; Defender el derecho al trabajo y la estabilidad laboral; y Garantizar la educación de nuestros niños.
La respuesta del SUTEF
La respuesta del SUTEF no se hizo esperar. Las y los docentes en lucha calificaron a la solicitada como «un ataque a toda la docencia fueguina».
Acusan a las patronales de intentar «responsabilizar a la docencia de la profunda crisis social que atraviesa Tierra del Fuego, consecuencia de un modelo económico nacional al que ellos no responsabilizan».
«Calificar nuestras protestas como ‘intereses sectoriales y egoístas’ persigue la criminalización de la protesta social y la estigmatización de quienes luchamos en defensa de nuestro salario y de la educación pública», sostuvieron a través de un comunicado.
En el mismo sentido, el escrito continuó: «Resulta inaceptable atribuir la crisis a la docencia cuando la realidad muestra que años de decisiones que priorizaron la rentabilidad empresarial sobre el bienestar de las mayorías son los verdaderos responsables».
Finalmente, SUTEF expresó: «Rechazamos rotundamente cualquier intento de criminalizar la protesta y de usar la retórica del ‘interés general’ para justificar la censura y el uso de la fuerza contra la docencia. La verdadera estabilidad laboral y social solo se logra mediante salarios dignos, empleo estable y el fortalecimiento de la educación pública, no mediante amenazas, intimidaciones ni campañas de difamación».
Fuente: Tiempo Argentino