La Izquierda Diario conversó con el secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) y de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego. El próximo 2 de diciembre se conocerán las sentencias para los 33 procesados tras una protesta de docentes y camioneros en 2013.
– El lunes de la semana pasada empezaron los alegatos. ¿Cómo fue el desarrollo del juicio?
El juicio se desarrolló en el marco del adelantamiento de los socioambientales, que se iban a hacer en abril o mayo del año que viene, con la convocatoria a juicio que iba a ser para 2017. O sea que adelantaron todo dos años. Es decir que no cumplieron con las mínimas garantías constitucionales. Así se jugaron a desarmarnos tanto en la defensa como en la solidaridad con nuestra causa.
Luego tuvo un sinnúmero de irregularidades (que están documentadas con videos y todo en la página web de nuestra organización). Si al inicio había sospechas de intromisión del Poder Ejecutivo en el juicio, quedó claro cuando un exfuncionario de la administración de Fabiana Ríos declaró, no sólo que lo llamaron para arreglar su declaración sino que ofreció como prueba un mail. Tan es así que hay una causa que se está desarrollando por fraguado de testigos.
Y el fin de semana se conocieron otras cadenas de mails que ni siquiera estaban en la causa, con lo cual hay una clara violación a la independencia de los poderes e intromisión en el debido proceso. La verdad que todo esto es una truchada total.
– De hecho ustedes presentaron una denuncia por falso testimonio y demostraron que hubo contradicciones entre dos de las agentes policiales que testificaron en el juicio.
Exacto. Denunciamos a tres policías y al ex jefe de Gabinete por falso testimonio. Además de la cadena de mails de Diego Boxer, un exfuncionario del gobierno. Por lo tanto vemos tremendas irregularidades.
El gobierno de Fabiana Ríos en concordancia con el gobierno que ganó (donde la transición es de seis meses) tuvieron la necesidad de poder ejecutar el juicio para darnos un escarmiento a quienes hemos estado luchando en las calles durante todos estos años.
– ¿Qué dijeron las querellas en los alegatos?
En realidad no pudieron probar nada de modo tajante y fehaciente. Sólo apelarn a la sensibilidad de los policías que habían sido golpeados y demás. La querella pidió condenas de cuatro años y la fiscalía condenas de tres. A algunos compañeros les pidieron un año y a un compañero cinco.
Pero por más que la quieran disfrazar, acá se está enjuiciando a trabajadores en el marco de una protesta social. Es la criminalización de la protesta a través de un juicio.
– Ellos dicen que no se trata de criminalizar la protesta social sino la protesta violenta. ¿Qué responden a eso?
Ellos han puesto el acento en que respetan la protesta social pero si es pacífica.
Entonces deberíamos tener un decálogo de manifestaciones y tendríamos que estar dispuestos a recibir palos de las fuerzas represivas sin contestar, que nos den hasta que los compañeros queden acalambrados, esguinzados o con tendinitis. Ése sería más o menos el criterio del fiscal. Nosotros demostramos que en el medio de ese conflicto respondimos a la represión que, por las condiciones en las que se dio, no les salió bien. Ellos quisieron mostrarnos como una organización violenta, pero en esa oportunidad tuvimos gran cantidad de compañeros golpeados.
– ¿Y cómo fue el alegato de ustedes, de la defensa?
La verdad que fue un alegato brillante, que desnudó a la fiscalía y a la querella sobre las falencias técnicas para las imputaciones que nos hicieron. Pero además los abogados hicieron una defensa política muy ajustada a la situación que nosotros estamos viviendo. Hicieron una muy explicación de lo que es la criminalización de la protesta social.
– ¿Qué expectativas tienen de la sentencia que se conocerá el 2 de diciembre?
Nos decía uno de los abogados nuestros que él no podía imaginar, en caso de que nos condenen, cómo iba a justificar esas condenas. Pero nosotros estamos acostumbrados a que justifiquen absolutamente todo y de cualquier manera. No nos va a sorprender que muchos seamos condenados.
Si bien esto es importante a nosotros no nos cambia la agenda que tenemos desde el 3 de diciembre para adelante. Nosotros queremos fechas de paritarias con el nuevo gobierno provincial y queremos saber cuáles van a ser las primeras medidas económicas, sociales y políticas del gobierno nacional. Queremos seguir creciendo, organizarnos cada vez mejor y prepararnos para enfrentar el ajuste que se viene.
– ¿Durante el juicio recibieron algún tipo de amenazas o de aprietes?
Hay todo un dispositivo de amedrentamiento. Para que se den una idea hubo un desplazamiento en el Juzgado desde fines de septiembre, donde estaba vallado todo el juzgado, con todos los policías antimontines y servicios especiales adentro. Un despliegue de las fuerzas represivas que no se condice con este juicio ni con nada. Eso de por sí ya es un amedrentamiento, ¿no? En el juicio hay dos policías que son querellantes y además durante todo el juicio estamos rodeados de policías. Y eso no es chiste. El Estado hace esta demostración para escarmentarnos.
– ¿Por qué creen ustedes que el gobierno de Ríos realiza este ataque a un derecho legítimo de los trabajadores, como lo es el derecho a la protesta?
Porque no nos perdona que no nos hayamos puesto de rodillas, que hayamos roto los techos salariales. Y porque hemos luchado todos estos años en la calle mientras ella ha sufrido el desplome electoral de su partido. Este año ella misma pasó de ser gobernadora de la provincia a salir quinta como candidata a intendente de Ushuaia.
– ¿Han recibido otros ataques además de este juicio por parte del gobierno provincial?
Sí. Desde 2008 hemos tenido todo tipo de causas en las que fuimos saliendo sobreseídos. Desde cortes de ruta, tomas de edificios y demás. El ataque sobre nuestro cuerpo de delegados es importante, realizándole descuentos ilegales y de manera salvaje a nuestros compañeros.
El gobierno de Ríos tiene la mayor cantidad de pedidos de exclusión de tutela sindical, desde que Tierra del Fuego es provincia. Y no sólo contra nosotros sino contra un montón de organizaciones. Es un gobierno que de progresista no tiene nada.
– ¿Cada vez que salieron a protestar les armaron causas?
Sí.
– Desde el lunes pasado el SUTEF comenzó una huelga en solidaridad con los compañeros procesados
Cuando nos enteramos del adelantamiento del juicio lanzamos una serie de medidas, entre ellas el paro durante los alegatos, que fueron el lunes y el miércoles de esta semana. Y hoy hay un paro provincial de la Intersindical, al cual adherimos, con corte de calles, rutas y avenidas por parte de diversos gremios estatales y privados. El día 2 de diciembre se leerán las sentencias. Ese día también vamos a estar de paro y movilizados.
– ¿Recibieron apoyo y solidaridad de otras organizaciones?
Sí, de muchísimas organizaciones tanto nacionales como provinciales, sindicales y políticas. Creemos que la gran mayoría de la población acompaña nuestro pedido de nulidad del juicio.
Pero también hemos hecho un trabajo que nos permitió, a partir de todas las aberraciones jurídicas que hay, mostrarle a la población que si a dirigentes y trabajadores que están respaldados por muchas organizaciones y que tienen la posibilidad de hacer publicidad del juicio, así y todo les fraguan pruebas, les niegan el legítimo derecho a la defensa y contar con sus abogados de confianza, qué puede pasarle a los pibes de las barriadas cuando les quieren hacer cargo de algún ilícito.
Eso nos permitió vincularnos desde un lugar distinto con la población. Y bueno, creemos que eso fue revirtiendo en la opinión pública algunas opinones adversas que teníamos.
– Desde esta experiencia que les toca vivir, ¿qué perspectivas ven con un nuevo gobierno a cargo de Macri?
Como dije antes, el adelantamiento del juicio se corresponde con las necesidades propias de la transición entre el gobierno entrante y el saliente de nuestra provincia. En ese sentido, el escenario que vemos respecto al futuro gobierno nacional es que van querer ir descargando toda la fiesta de los Kirchner sobre la espalda de los trabajadores. Está claro que se perfila una política de corte antipopular y eso obliga a las organizaciones sindicales a prepararnos para enfrentar ese ajuste. En ese contexto se entiende el procesamiento nuestro y también de los compañeros de Santa Cruz cuyo juicio arrancó esta semana.
Nosotros nos preparamos para ser parte del reagrupamiento político y sindical más amplio que podamos obtener para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Decimos claramente que la crisis la tienen que pagar los que la causaron, que son los que se enriquecieron y se la llevaron en pala durante todos estos años.
Fuente: Florencia Sciutti, www.laizquierdadiario.com