Los trabajadores de la educación exigen un salario mínimo de $3 millones y el cese de la persecución. Reclaman el tratamiento del proyecto de ley de financiamiento.
La provincia de Tierra del Fuego se encuentra conmovida. La metalúrgica Mirgor, propiedad de la familia del ministro de Economía Luis Caputo, decidió despedir a 300 trabajadores.
La empresa que produce componentes electrónicos se encuentra en crisis como resultado de las políticas económicas que, paradójicamente, emanan de la cartera que lidera el propio Luis Caputo.
El conflicto de los trabajadores industriales que entró en una tregua por la conciliación obligatoria que dictara la cartera laboral, se suma a la lucha de los y las docentes provinciales que ya acumulan nueve días de paro con movilizaciones.
La medida se estableció por tiempo indeterminado y surge del Sindicato Único de Treabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) que reclaman una fuerte recomposición salarial. El reclamo implica llevar el haber mínimo al nivel al que consideran debería situarse el salario mínimo vital y móvil según lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los nueves ítems pautados en la Ley de Contrato de Trabajo.
El cálculo de los representantes gremiales, inspirado en el reclamo histórico de los trabajadores aceiteros, indica que ese haber debería situarse en los $3.000.352. A la vez los y las trabajadoras de la educación exigen un “un plan de desendeudamiento familiar, y el tratamiento y sanción del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo presentado hace 2 años por el gremio”.
Un comunicado de la organización gremial señala que “la docencia fueguina mantiene acampes, permanencias y protestas en las tres ciudades de la provincia, exigiendo una recomposición salarial urgente acorde al Salario Mínimo, Vital y Móvil; el tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo; el cese de los descuentos masivos y el ajuste en la educación pública”.
La distancia entre el reclamo y la realidad es gigantesca. Para el SUTEF “el ingreso medio actual ronda los $1.187.000”. Por eso, advierten, “esta brecha ha generado un endeudamiento generalizado y obliga a trabajadoras y trabajadores a endeudarse, tomar múltiples cargos o sumar empleos en otros rubros para poder sostener a sus familias”.
Desde la conducción gremial señalan que “nos vimos obligados a tomar esta difícil decisión porque nuestros salarios cubren menos de la mitad del costo de vida en la provincia”. Para ellos “la docencia no eligió el conflicto, pero sí decidió no resignarse ante una realidad que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores”.
A la vez, insisten desde el gremio, el conflicto busca que se de tratamiento a la ley de financiamiento educativo que el gremio presentó hace ya dos años y que busca garantizar “un salario acorde al costo de vida, mejorar la infraestructura escolar y crear una mochila pedagógica para asegurar los materiales necesarios para cada estudiante”. La iniciativa, sin embargo, continúa sin tratamiento legislativo.
Para los referentes sindicales la negociación que está en curso “solo podrá avanzar si el Ejecutivo incrementa significativamente la masa salarial y cesa las políticas de ajuste, entre ellas, los descuentos por ejercicio del derecho constitucional de huelga”.
El titular del SUTEF, Horacio Catena, señaló que «no vamos a discutir sobre la base de la extorsión ni a soportar que se nos descuente lo que no corresponde. Es doloroso para nuestras familias, pero no permitiremos que esto se consolide como una política de disciplinamiento en Tierra del Fuego«.
El conflicto se recrudece a partir de los despidos en Mirgor que afectan de manera directa a trabajadores que, en muchos casos, comparten hogar con docentes que se han visto obligadas a asumir la jefatura de familia con salarios de hambre en una provincia donde la temperatura puede caer por debajo de los -10 grados centígrados.
El clima hostil no ha sido motivo por el cual los trabajadores hayan abandonado la lucha callejera. De hecho, explican, “en Río Grande se mantiene una permanencia dentro del Ministerio de Educación; en Ushuaia continúa el acampe frente a Casa de Gobierno; y en Tolhuin se desarrollan protestas itinerantes en los ingresos de los establecimientos educativos, junto con asambleas y jornadas de visibilización”.