Coincidieron en calificar que la intromisión del Poder Ejecutivo enviando cadenas de mails a los testigos de la defensa, realizando reuniones previas con los mismos para atestiguar coordinadamente y direccionando los testimonios contra los trabajadores, es un grave problema institucional que pone en riesgo la democracia republicana y las garantías constitucionales. No solo de los imputados, sino de toda la sociedad. También solicitaron la nulidad parcial de la acusación de la fiscalía.
Ushuaia, Tierra del Fuego, 25-11-15. En el juicio impulsado por la Gobernadora Fabiana Ríos contra 33 trabajadores por los hechos ocurridos el 23 de mayo del 2013 en Casa de Gobierno, los abogados defensores realizaron sus alegatos.
El pedido de nulidad fue por “haberse vulnerado el derecho a defensa en juicio y al debido proceso justo, encuadrado en los cánones legales”. El argumento se basó en lo ocurrido el último día de la declaración de testigos de la defensa, cuando el exfuncionario Diego Boxer dijo que un alto funcionario del Gobierno Provincial le envió un mail con indicaciones de cómo tenía que declarar apuntando a perjudicar al dirigente Horacio Catena. Expresó también que fue invitado a tomar un café por este tema en Casa de Gobierno y fue trasladado desde allí en un móvil policial para declarar en el juicio. Cuando el fiscal y la defensa accedieron al mail, pudieron observar que no fue solo un mail, sino varios y que iban con copia a todos los testigos solicitados por la defensa. Además convocaban a reuniones en Casa de Gobierno por este tema. Por ello, la Gobernadora Ríos, los ex Ministro Zanone, Aramburu y Ravaglia y el Secretario de Seguridad Fasio, todos declararon exactamente lo mismo y no recordaban ninguna otra cosa que se les preguntara fuera del “libreto”. Por lo expuesto, la defensa quedó sin testigos válidos para basar el alegato. También, por este tema, quedaron bajo sospechas las declaraciones del personal policial, testigos de la fiscalía. La defensa pudo constatar que una testigo realizó su declaración, habiendo estudiado de memoria su declaración anterior en sede policial en el 2013, ya que coincidía palabra por palabra.
También se argumentó la vulnerabilidad del derecho a defensa en juicio porque el adelantamiento de la fecha del mismo provocó que los imputados del gremio Camioneros no pudieran contar con el abogado defensor de confianza. El mismo llevaba la causa desde su inicio y había presentado un certificado médico sobre una operación grave y dolorosa que debía realizarse en estos momentos. Por ello, el Tribunal les impuso la defensoría pública.
En tanto, la nulidad parcial de la acusación del fiscal fue porque se incorporó a la acusación inicial, un hecho por el cual no fueron indagados los imputados en el debate, por lo tanto, no pudieron defenderse. Se argumentó que desde la acusación de la fiscalía “fueron a la pesca”. Ya había realizado la defensa el pedido de nulidad al iniciarse el juicio debido a que la acusación hacía referencia a “hecho 1 y hecho 2”. Éstos describían conductas en general pero no especificaban quién , cómo , cuándo , dónde. Con ello no podían defenderse porque no estaba claro de qué se los acusaba a cada uno de los imputados. El juez había rechazado ese pedido entendiendo que en la acusación de la fiscalía, esos “hechos” era una conducta dinámica pero que luego se describía la conducta particular. Sin embargo, cuando el fiscal pidió las condenas, en el caso de Horacio Catena, lo acusaron solamente a él y a ningún otro de ser el responsable del “hecho 2”, o sea, destrozos, hurtos, robo, etc…. Criticó duramente al fiscal porque acusó sin ninguna prueba, lo hizo basado en que un testigo declaró que en un momento que el dirigente dijo: “vamos a prender fuego todo” y entendió que por ello, había ocurrido el hecho. Al agregarlo en última instancia, el fiscal impidió que Catena pudiera declarar defendiéndose de esa acusación.
Luego, en los casos particulares, los defensores alegaron con argumentos muy firmes que no existió coautoría en los hechos, que la fiscalía no la pudo explicar y que cada uno era responsable de sus actos.
También alegaron que la fiscalía equivocó la carátula de “atentado a la autoridad”, que en el lenguaje coloquial tal vez sería adecuado, pero que en términos penales, es otra cosa. Explicó el abogado que el delito de atentado a la autoridad es cuando se impide al funcionario realizar su función u orden que recibió, antes de que la empiece a cumplir, y en este caso, los policías ya estaban cumpliendo la orden de no permitir el ingreso desde antes de que la manifestación llegara al lugar.
También explicaron que ninguna de las conductas de las cuales se acusa a los imputados es “típica”, por ello, no constituyen un delito penal. Además, alegaron que las pruebas médicas no acreditan científicamente lesiones graves en el caso del policía Dutra. En el caso del policía Pérez Soriano, no se puede identificar que quien le causó esas lesiones sea el imputado. Tampoco se pudieron acreditar las lesiones leves del policía Alfonzo dado que el certificado médico presentado dice específicamente que no tiene lesiones.
Para resumir, el defensor público, la defensa de Camioneros y la defensa de los docentes, coincidieron en pedir la nulidad del juicio y la absolución de todos los trabajadores imputados.
Importante fueron también los aportes del defensor público, el doctor Nuñez, quien dijo que este proceso tiene más vicios de político que judicial y que cada tema debe resolverse en su ámbito. Habló de la solidaridad de todos los sindicatos de la provincia, de los derechos humanos, de la dignidad de los trabajadores. Agregó que las pruebas de los videos fueron editadas y aportadas por la misma policía, es decir compañeros de trabajo de la querella, cuando debieron ser realizadas por otra fuerza. Finalizó diciendo que esto es criminalizar la protesta porque se juzgan los hechos y no las causas. El codefensor de los docentes Néstor Sánchez Otharán hizo un importante detalle del contexto social y laboral. Explicó cómo se llegó a esa instancia a lo largo de todo el conflicto desde febrero hasta marzo. Criticó duramente la persistente actitud de incumplimiento de los funcionarios públicos tales como los paritarios, los del ministerio de trabajo, los de asuntos gremiales, los del ministerio de educación, los del ministerio de economía, etc… que ante la dicotomía de seguir las normas u obedecer la orden política elijen lo segundo, pero la justicia no lleva a juicio a nadie por incumplimiento de funcionario público. También señaló que el solo hecho de haber llevado a este proceso a los trabajadores, ya es criminalizar la protesta, referenciándose a los cinco procesados absueltos en el día anterior por la fiscalía cuando no cambiaron un ápice las pruebas utilizadas para imputarlos.
Los defensores le solicitaron al Juez, debido a que la fiscalía hizo caso omiso, que no permita la intromisión del Poder Ejecutivo haciendo “trampa” en un juicio contra trabajadores , empleados del mismo Gobierno Provincial en el caso de los docentes. Que esto no puede pasar y quedar como antecedente en la justicia fueguina. En referencia a esto, el doctor “Paco” Giménez se refirió a que no podemos dejar que un Gobierno corrompa la justicia. Citó los versos del tango Cambalache para explicar qué sucede si lo permitimos, finalizando con: “lo mismo un burro que un gran profesor”, lo que arrancó un fuerte aplauso del público presente. Por su lado, el abogado de los docentes Juan Sánchez Otharán también cerró con una frase de un poeta contemporáneo al referirse a los testimonios de la Gobernadora y sus funcionarios con “amnesia selectiva” y “libreto” con la finalidad de perjudicar a los trabajadores y en particular a Catena. El abogado se llevó también los aplausos del público al cerrar su alegato diciendo: “Violencia es mentir”.
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