El empresario Carlos Pedro Blaquier fue un colaborador del terrorismo de Estado, vinculado al operativo represivo en que se secuestró a 400 trabajadoras/es, estudiantes, militantes y familiares en Ledesma, Calilegua y Libertador General San Martín, de las cuales 55 personas aún continúan desaparecidas.
Dicho operativo es conocido como la “noche del apagón”, fue llevado adelante por las fuerzas represivas entre el 20 y 27 de julio de 1976. La empresa Ledesma colaboró tanto en el corte de energía para el despliegue del operativo genocida como en garantizar la logística a las fuerzas represivas que utilizaron vehículos del de la empresa y montaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en la base de Gendarmería localizada dentro del predio del ingenio y en los galpones de mantenimiento.
Previo al golpe de Estado, Blaquier colaboró estrechamente con un grupo de empresarios e intelectuales autodenominado Grupo Perriaux, quienes delinearon el plan económico que ejecutaría José Martínez de Hoz durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar.
Blaquier fue uno de los ejemplos más claros de la complicidad civil con la dictadura militar genocida.
En 2012 fue procesado por la Justicia Federal de Jujuy como cómplice primario en 26 casos de privación ilegítima de la libertad en la causa Burgos, por haber facilitado las camionetas para efectuar el traslado de la personas secuestradas y por 36 secuestros seguidos de asesinato y desaparición durante la Noche del Apagón. En marzo de 2015, la sala IV de la Cámara Federal le dictó la falta de mérito y hubo que esperar hasta julio de 2021 para que la Corte Suprema de Justicia anulara la decisión del tribunal de segunda instancia.
Carlos Pedro Blaquier murió impune, sin rendir cuentas ni a familiares de las víctimas ni al pueblo argentino, sin condena judicial, pero con el repudio popular.
La Corte Suprema de Justicia y la Cámara Federal de Casación Penal hicieron todo lo posible para que no sea juzgado y condenado por sus crímenes, sin embargo la condena popular le dio el lugar que merecía en la historia y que compartirá seguramente no solo con los militares verdugos de su propio pueblo, sino también con una importante cantidad de empresarios, miembros del poder judicial, periodistas y religiosos que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívica-ecleciástica-militar.