Absolución ya de la compañera Gabriela Ance y de los compañeros Diego Barrionuevo, Juan Valentín y Claudio Wasquín de ADOSAC.
Desde el SUTEF expresamos nuestro más enérgico repudio al Tribunal Oral de Río Gallegos que en fallo dividido dio lugar al recurso de recomposición impulsado por el fiscal de estado mediante el cual cambian la carátula de la causa iniciada en 2017 contra la compañera y los compañeros de ADOSAC por participar de una protesta en las puertas de la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner, sin agregar ningún elemento nuevo a una causa que estaba próxima a prescribir y que ahora acusa a la compañera Gabriela Ance de tentativa de homicidio, y a Diego Barrionuevo, Juan Valentín y Claudio Wasquín por tentativa de femicidio.
Concretamente la causa ya elevada a juicio por “invasión de domicilio” debía caer por prescripción, pero ahora pasaría a ser tipificada 6 años después y sin ningún elemento nuevo como “intento de femicidio” o “intento de homicidio calificado”.
Recordemos que durante el año 2017 en la provincia de Santa Cruz la gobernadora había congelado los salarios y los pagaba en cuotas y que durante ese año numerosas manifestaciones y protestas se desarrollaron en toda la provincia.
Hoy, seis años después y en medio de un conflicto salarial que lleva más de cincuenta días de huelga, el poder judicial de Santa Cruz continúa persiguiendo a las trabajadoras y trabajadores que luchan por un salario justo y condiciones dignas de trabajo.
Los ataques desde el poder judicial van en aumento, otro juez de la provincia dictó una medida cautelar mediante la cual pretende que ADOSAC se abstenga de declarar futuras huelgas hasta que se expida sobre una denuncia impulsada desde el propio gobierno provincial.
El nivel de connivencia entre el poder judicial y el ejecutivo en la provincia de Santa Cruz es profundamente doloso para el pueblo de nuestra vecina provincia, ya que los somete a un régimen sin división de poderes y a obedecer sin derecho a protestar frente a las decisiones del ejecutivo.
Vemos con gran preocupación que desde Jujuy a nuestra provincia, y sin casi ninguna excepción, los/as jueces -sean de foros locales o federales- mantienen vínculos muy cercanos con el poder político y económico dominante, lo que produce que los fallos judiciales muestren obsecuencia y complacencia con los poderosos y persecución y castigo desproporcionado hacia los sectores populares.
Compañeras y compañeros de ADOSAC, desde SUTEF expresamos toda nuestra solidaridad y compromiso en la lucha contra la criminalización de la protesta, que no es otra cosa que perseguir a quienes levantamos nuestras voces peleando por salario y condiciones de vida dignas para las mayorías populares.