Durante la tarde del viernes 20 de febrero, se llevó adelante una reunión en el SUM de la Junta Vecinal Arraigo Sur de Río Grande, a la que fueron convocados de manera informal docentes de los programas Coros y Orquestas.
Participaron representantes del Gobierno Provincial, encabezados por la nueva Secretaria Política de Inclusión, Belén Córdoba, junto a su equipo; docentes de los programas, familias, estudiantes y referentes de SUTEF.
En ese ámbito se confirmó el cierre de los programas, sin resolución formal presentada, sin fundamentos técnicos claros y sin información precisa sobre el futuro laboral de quienes los sostienen cotidianamente. La única explicación brindada fue que la medida responde a “cuestiones financieras” en el marco de la situación económica provincial. Incluso la propia funcionaria manifestó desconocer en profundidad las razones del cierre, limitándose a señalar que se evaluaría una eventual continuidad bajo “nuevos formatos”, sin garantías concretas.
Lo que quedó en evidencia:
• Improvisación y falta de respeto institucional: la comunicación fue informal, sin notificación oficial previa a las trabajadoras y trabajadores.
• Precarización laboral: docentes que sostuvieron tareas durante el receso, bajo la promesa de continuidad, hoy se encuentran ante la pérdida de su fuente de trabajo.
• Desconocimiento por parte de la funcionaria del programa: quedó expuesto el desconocimiento sobre los objetivos pedagógicos, sociales e inclusivos de los Coros y Orquestas.
• Impacto directo en las trayectorias educativas: cientos de estudiantes quedan sin un espacio socioeducativo fundamental para su desarrollo artístico, cultural y comunitario.
Intento de limitar la participación: se pretendió dar por finalizada la reunión argumentando que era “solo para docentes”, desconociendo la legitimidad de las familias presentes.
Desde SUTEF fuimos claros: no se trata de una cuestión administrativa ni técnica, sino de una decisión política. Recordamos que en la mesa paritaria del 19 de febrero se exigió expresamente la continuidad de los programas. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo fue avanzar en su cierre, trasladando la responsabilidad y sin asumir públicamente las consecuencias sociales y laborales de la medida.
Los programas socioeducativos no son un gasto: son una inversión en inclusión, igualdad y derechos.
Asumimos el compromiso de impulsar y sostener todas las acciones gremiales, institucionales y colectivas necesarias para defender los puestos de trabajo. Las y los talleristas exigen explicaciones formales y por escrito.
¡Porque cuando se ajusta en educación, se profundiza la desigualdad!
¡La educación pública no se ajusta!
¡Los programas socioeducativos no se cierran!
¡Los derechos se defienden!