Reseña Histórica: Distintas gestiones de Gobierno fueron saqueando la Caja.
El salario diferido (aportes personales y contribuciones patronales) de los Trabajadores Estatales, debería ser depositado obligatoriamente por manda constitucional en el Banco de la Provincia. La finalidad del salario diferido es pagar el sueldo de los jubilados, la estructura del funcionamiento de la caja de jubilaciones (empleados del IPAUSS, insumos, etc…) y con el excedente realizar inversiones que otorguen ganancias para tener un “ahorro” para que en el futuro, cuando estos trabajadores pasen a la pasividad, tengan asegurado el cobro de su jubilación.
Sin embargo, en lugar de eso, este salario diferido está financiando desde hace años el funcionamiento del Estado Provincial. ¿Cómo lo financia? Utilizando estos fondos para otros fines. Es decir, financiando el déficit económico del presupuesto provincial y la actividad política.
Debemos recordar que también estos salarios diferidos en ocasiones financiaron la actividad privada. ¿Cómo y cuándo?
Por ejemplo, durante el gobierno de José Arturo Estabillo, con ese dinero se entregó créditos a través del Banco Provincial a los amigos del poder.
Estos fondos nunca fueron recuperados y en la transición Estabillo/Manfredotti, se sancionaron leyes para garantizar la impunidad. A través de las ley 460 abrieron la operatoria de préstamos para turismo y repartieron el dinero de la Caja entre sus funcionarios. Con la ley 478, crearon el nuevo Banco TDF y traspasaron la deuda privada al Fondo Residual. Finalmente, con la ley 534 eliminaron el ISST y el IPPS creando el IPAUSS unificando Obra Social y Jubilación en un solo instituto. Con esta maniobra se aseguraron que los créditos a los amigos del Poder (hoy nuevos ricos de TDF) no se pagaran, y crearon el Fondo Residual solo para cubrir los aspectos formales ya que nunca logró recuperar el dinero para devolverle al IPAUSS el “ahorro” de los trabajadores estatales.
Además se tomaron una cantidad de medidas que siempre fueron en desmedro de los trabajadores activos y pasivos.
Esto es solo una síntesis para darle un contexto histórico a la situación actual, ya que hay miles de habitantes nuevos en la Provincia que no conocen la historia y solo escuchan las campañas mediáticas del Gobierno. Aun así, no pudieron quebrar nuestra caja.
El mayor logro de los trabajadores: LEY 676
Hoy, producto del robo de nuestros ahorros, la deuda que tiene la Provincia de Tierra del Fuego con el IPAUSS es la deuda más importante. Llamada comúnmente “deuda histórica”, asciende a más de 16.000 millones de pesos. Además, existe la deuda corriente de Contribuciones Patronales que el Gobierno no paga como debería.
Nunca abandonamos la consigna de recuperar nuestros ahorros y por ello, luego de mucha lucha, obtuvimos uno de los logros más importante de los Trabajadores Estatales en términos estratégicos e históricos: la Ley 676.
No hay antecedentes en todo el país donde los trabajadores hayan hecho reconocer lo que les adeudan en una ley. Además se impidió que se armonice su sistema previsional. Precisamente, por ser tan importante, es que el establishment político acuerda en no cumplirla. Los CPPMs (Compromiso de Pago Previsional Mensual) que determinan la ley, no se cumplieron. Solamente pagó algunas cuotas el Gobierno de Colazo, algunas el Gobierno de Cóccaro y ninguna cuota en casi 8 años de gestión, el Gobierno de Fabiana Ríos.
¿Puede entonces violarse una ley por parte del Gobierno, que este hecho sea público y que ninguno de los otros poderes actúen? La complicidad de los sectores políticos poderosos se evidencia en este grave y millonario incumplimiento.
Nada parecido pasa con los trabajadores, ya que ante cualquier hecho que suponga una violación o incumplimiento a alguna ley, se les cae con todo el peso de la Ley.
Para evitar pagar la deuda, hubo varios intentos de transferencias de nuestra caja al ANSES. El último fue en la transición de Coccaro/Rios. Fue el sector docente, acompañado por algunas otras organizaciones, quienes interrumpiendo la sesión de la Legislatura impidieron la armonización y que se lleven la Caja a Nación.
Esta brevísima reseña solo intenta demostrar que la iniciativa del Gobierno de Fabiana Ríos no tiene nada de original, ni de innovador, sólo intenta hacer con nuestra caja y con nuestros regímenes jubilatorios, lo que no pudo hacer el menemismo y sus cómplices de los partidos provinciales que pasaron por el poder.
ES NECESARIO TERMINAR CON LOS PRIVILEGIOS DE LOS CARGOS POLÍTICOS, CUMPLIR CON LAS LEYES Y LA CONSTITUCIÓN.
El proyecto del Gobierno intenta sacar del centro del debate la responsabilidad que tiene en la actual situación. Para ello se vale de la complicidad de vastos sectores de la clase dirigente que, lejos de hacer cumplir la legislación vigente y la constitución por la que juraron, salen rápidamente a ofrecerse para hacer el trabajo sucio.
El proyecto ataca la edad jubilatoria y la determinación del haber jubilatorio y habla del Sistema Previsional y de los empleados estatales. Nada dice del privilegio previsional de aquellos que pasaron y pasan por la función política o judicial.
Por un lado el proyecto ataca los 25 inviernos (25 años de aportes reales y concretos a la Caja), pero no dice nada del privilegio que le otorga la Ley de Dietas, Ley 855, por la cual nuestro sector junto más de 10.000 firmas para su derogación y no fueron tenidas en cuenta. Esta Ley, establece aumentos a Gobernadora y Vicegobernador; Legisladores, Secretarios y Prosecretarios, administrativos y legislativos de la Legislatura Provincial, que están directamente relacionados con los aumentos municipales, es decir, pierden la relación con el empleado estatal y establece aumentos muy superiores en la práctica. Además, faculta a la Gobernadora a determinar libremente las dietas de los funcionarios políticos. De esta forma, las dietas de los políticos subieron considerablemente y esto mismo se aplicó en las jubilaciones de cargos políticos que afectó fuertemente en la economía de nuestra Caja. Esa Ley 855 genera de hecho una casta de privilegiados, tanto activos como pasivos, y la más privilegiada es la propia Gobernadora como lo demostraremos en este documento.
¡¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE PRIVILEGIOS?! EJEMPLOS:
El ex juez Tomas Hutchinson recibe una jubilación mensual de $ 111.866,95.
Además de que no cumplió con los años de aportes que a cualquier mortal común se le exige, es importante saber que para poder pagarle religiosamente al magnánimo DR. Hutchinson es necesario el aporte de 82 docentes con cargo base!!! . Y esto ocurre realmente, porque no alcanzan los aportes de los jueces activos para pagar las jubilaciones de los jueces jubilados.
Más privilegios
Hay 37 ex legisladores jubilados que perciben el haber jubilatorio que le GARANTIZA LA LEY 855 (ley de dietas de la clase política). En su mayoría, el haber jubilatorio es de $54.583,63.
Tales son los casos de:
- Nélida Lanzares
- Miguel Ángel Portella
- Patricia Inés Pacheco
- Guillermo Jorge Lindl
Ahora bien, es necesario el aporte de 7 legisladores en actividad para pagarle la jubilación a un legislador jubilado.
Es decir, los aportes de los 15 legisladores en actividad solo cubren 2 de los 37 legisladores jubilados. Por lo que es necesario 1.400 aportes de docentes con cargos bases para pagarle la jubilación a los 35 legisladores jubilados restantes. Esos son los verdaderos privilegiados de Tierra del Fuego !
Los privilegios no terminan acá…Los jubilados como ex Ministros…
Maria Haydee Griecco, con un haber jubilatorio de $ 48.518 (también generado por la Ley de Dietas) necesita de los aportes de 10 médicos con la máxima antigüedad para pagarle su jubilación.
Caso similar es el de Manuel Fernando Benegas (ex ministro de Obras Públicas), ya que se necesitan 26 aportes de trabajadores estatales de la categorías 10 del escalafón seco para pagar su jubilación privilegiada.
No todos los mortales tenemos la misma suerte…sr. Legislador!!
Por ejemplo uno de los mayores impulsores de reformar los regímenes jubilatorios, quien se llena la boca hablando de injusticias e inequidades, es el actual legislador Pablo Blanco. El parlamentario está jubilado (con beneficio en suspendido) con un haber de $54.583,63. El Sr. Legislador podría haber optado por el haber jubilatorio nada despreciable de su cargo de sub Gerente de Banco cercano a los $40.000 o como ex Director del IPAUSS que percibe $34.308. Pero no, eligió el cargo de Legislador que a través de la ley de dietas 855 le da el privilegio a él, y a quienes se erigen como los custodios de la buena moral, de tener una jubilación privilegiada.
La cosa no queda acá, el poder político se usa por parte de Pablo Blanco también para generarle privilegios a familiares directos como la ex empleada municipal MONTANI, Graciela Emma a quien se la nombra en un cargo en la Legislatura. Al ser nombrada, automáticamente accede a los privilegios que da la Ley de Dietas, la maldita ley 855; y de esta manera al presentar sus expedientes para jubilarse, la determinación del haber jubilatorio de esta Sra. Asesora Legislativa sube a la no despreciable suma de $ 48.709,71 como mínimo (no tenemos chequeado si no es de $ 53.093,59).
Para no quedarnos cortos en los ejemplos de los privilegios previsionales que tienen las personas que pasan por cargos políticos, veremos el caso de Liliana Martinez Allende. La parlamentaria que se manifiesta a favor de reformar (algo hay que reformar) se jubiló y optó para referenciar su haber jubilatorio en el cargo de Ex Directora del IPAUSS y asi tener (suspendido por su actividad de legisladora) un haber de $34.308. Ahora bien, si redetermina su haber por su actual cargo de legisladora, usando los privilegios de la ley 855, su haber jubilatorio automáticamente llegaría a $54.583.
La más privilegiada
Como no podía ser de otra manera, el mayor privilegio lo tendrá la magnánima Sra. Gobernadora.
Será la primera Gobernadora que podrá referencia el haber jubilatorio completo con el cargo de Gobernador en actividad. De jubilarse hoy lo haría con un haber jubilatorio de $ 60.648.
Se necesitarían los aportes de 12 Farmacéuticos del IPAUSS (planta por la cual ingresó al sistema previsional y luego saltó a los cargos políticos) para pagarle la jubilación a Fabiana Ríos o, el aporte de 45 docentes con cargos bases.
Es necesario dejar en claro que lo privilegios no alcanzan solo a casos mencionados en este documento ni a los 58 casos de las planillas que adjuntamos, sino a todos los que, habiendo pasado por la actividad política (gobernador, intendentes, concejales, ministros, secretarios, asesores, etc, etc) valiéndose de la Ley de dietas (855), referencian sus jubilaciones como los ejemplos planteados.
Ahora podemos dejar más claro que para mantener sus privilegios quieren seguir ajustando a los verdaderos dueños y genuinos sostenedores del sistema previsional: los trabajadores estatales.
¡ MIENTE LA GOBERNADORA CUANDO DICE QUE NO SE PODRÍA USAR LA PLATA DE LA LEY 676!
Cuando la Gobernadora plantea que si hubiera pagado los CPPM de la Ley 676 igualmente no podrían usarse esos fondos para el pago de jubilaciones; está confundiendo a toda la sociedad fueguina con una gran mentira. La Ley 676 establece claramente en su artículo 9 que estos fondos no pueden usarse para pago de jubilación “…hasta haber percibido por lo menos el 50% del total de las cuotas establecidas…”. Ya estamos por la cuota 109, es decir, supera ampliamente el 50% de las cuotas. Claramente, según este artículo, si el Gobierno hubiera pagado todas las cuotas, mes por mes, no habría impedimento legal alguno para utilizar directamente estos fondos para el pago de jubilaciones. Además, hasta llegar al 50% se podría haber utilizado el capital en un menú de inversiones y utilizar el recupero que ingresaría de las mismas.
EL “NUEVO” PROYECTO DE REFORMA RÍOS
¿Qué plantea el famoso proyecto de Rios?
Además de castigos en la edad jubilatoria, además de más porcentajes de aportes personales, el golpe de gracia lo da con la determinación del haber jubilatorio.
Hoy se calcula como el promedio de los mejores 24 meses de los últimos 10 años. Esto mejoró obviamente el haber jubilatorio de TODOS los trabajadores, cosa que entendemos justa. Esta determinación la esperan, además, miles de jubilados del ANSES por eso hay miles de sentencias que esperan ser ejecutadas.
Podemos ver en las planillas que adjuntamos, el impacto positivamente. Esto es lo que claramente es un derecho ADQUIRIDO, cosa importante si vemos los ejemplos anteriores.
El Proyecto de Ríos plantea volver a calcular sobre los 120 meses, lo que de por sí, ya es una baja en los haberes futuros de jubilaciones y pensiones que varía según el caso).
Pero no se queda acá, además plantea modificar el cálculo del 82%.
Veamos un ejemplo.
Supongamos que hoy un trabajador en actividad percibe $10.000 de salario en bruto.
Hoy se le calcula el 82% sobre ese monto, lo que le generaría un haber jubilatorio de $8.200, descontando el aporte a la obra social tendría una jubilación de $7.954.
El Proyecto Ríos plantea descontarle a los $10.000 el 13 % de aportes personales, PREVIAMENTE al cálculo del 82%. Lo que dejaría $ 8.700 sobre el que se calcularía el 82%, este cálculo daría $7.200. De esta forma, el 82% de Ríos es en realidad un 72%. Al aplicarle el descuento de obra social daría un haber jubilatorio de $6.900.
Esto es una rebaja de más del 12 % en el haber jubilatorio, solo en el cálculo del 82%. Pero si le sumamos que además pretende llevar a 120 meses la determinación del haber (como explicamos anteriormente) para luego aplicarle el cálculo que acabamos de explicar veremos que la rebaja es de más de un 30%.
No se conforma con esto, además plantea destruir la movilidad y que los sectores activos en las negociaciones salariales NO impacten en la movilidad jubilatoria de los jubilados de cada escalafón. El aumento a los jubilados no se dará como hoy, automáticamente en el mismo sentido y porcentaje que se da el aumento de sus pares en actividad, sino que dependerá solamente de los ingresos y egresos de la Caja!
¿Cómo?
Plantea 2 movilidades anuales y a través de una fórmula que establecería un coefiente único a aplicar en junio y diciembre.
En primer lugar esto ya establece una categoría única, elimina la relación con los activos.
Los jubilados Docentes, del escalafón seco o húmedos no tendrán los aumentos de sus compañeros/as en actividad, solo tendrán lo que establezca el coeficiente.
Este coeficiente para la movilidad (peor que el del menemismo) pretende ser de la siguiente manera:
Aportes y contribuciones de junio Aportes y contribuciones de diciembre año anterior—————————————–:———————————————- = Coeficiente
Cantidad de jubilados Junio Cantidad de jubilados en diciembre año anterior
Este coeficiente dará aumentos siempre menores a los de los activos. Claro está que también este coeficiente puede dar un aumento NEGATIVO si, por ejemplo, no hay aumento salarial en el semestre (que suele suceder) y hay aumento de cantidad de jubilados (que siempre lo hay por lógica). Vale aclarar que existe fallo judicial sobre la aplicabilidad de la Movilidad Negativa hasta en un 20%. Por eso VUELVE A MENTIR LA GOBERNADORA CUANDO DICE QUE NO HABRÁ MOVILIDAD NEGATIVA. Ya que el proyecto no especifica qué sucede cuando el coeficiente es menor que 1 y al aplicarlo da un descuento, en lugar de un aumento. (Ver adjunto Movilidad de Proyecto Ríos).
Cabe destacar que aunque no suceda que el aumento sea negativo, o no se aplicara si esto ocurre, o se congela la jubilación; es seguro que quedará siempre por debajo del aumento que consigan los activos en paritarias, por lo tanto, semestre a semestre, perderá en relación con el sueldo que tenía en actividad y el 82% quedará cada semestre más lejos de ser una realidad.
Sintetizando:
Primer paso: Pretende rebajar el monto para calcular el 82% llevando de 24 a 120 meses.
Segundo paso: Pretende descontar del monto que establezca el paso anterior el 13% de los aportes para luego recién calcular el 82%.
Tercer paso: Pretenden 2 movilidades anuales vía un coeficiente que puede ser negativo y al margen de las negociaciones de los escalafones que pertenecieron en actividad.
Cuarto paso: Pretenden descontar aportes extraordinarios al jubilado menor de 50 la mujer y 55 el hombre.
Si se lee atentamente lo planteado, creemos que no hacen falta más calificativos de nuestra parte.
Nuevamente planteamos la defensa irrestricta de nuestra caja, de nuestros derechos previsionales y exigimos el cumplimiento de las leyes tales como la 676, la Constitución y que se paguen las deudas (deudas históricas y corrientes)y el aumento a las contribuciones al 18 %.
Exigimos la derogación de la Ley de dietas 855.
Haremos todo lo necesario para evitar que se siga difamando a los trabajadores estatales y avanzaremos en la lucha para terminar con los privilegios de la clase política de Tierra del Fuego.
Por ello, llamamos a la más amplia unidad de los Trabajadores Activos y Pasivos para marchar unidos a la Primera Sesión Legislativa del año repudiando el Proyecto y la provocación de Fabiana Ríos. Exigiendo la derogación de la ley 855 y pidiendo a los candidatos a Gobernador y Vice claras definiciones sobre este y otros temas.
Esperamos y estamos seguros de que los trabajadores de Tierra del Fuego van a tener una vez más la valentía de enfrentarse al establishment político y que no se repitan las recetas de ajuste que venimos enfrentando desde hace más de 20 años en la Provincia.
Secretaría Gremial-Comisión Directiva Provincial – SUTEF