Desde la Vocalía en representación de las trabajadoras y trabajadores en actividad, informamos que hemos rechazado con firmeza el presupuesto 2026, votando en contra de su aprobación: no podemos avalar un presupuesto que niega el crítico escenario financiero de la obra social.

En la reunión de directorio del miércoles 18 de febrero, el Gobierno de la Provincia aprobó este proyecto utilizando su mayoría, con los votos de la presidenta Mariana Hruby, el vicepresidente Gustavo García y el acompañamiento del vocal por el sector pasivo Horacio Gallego.

El Gobierno proyecta recursos que legalmente nos corresponden, pero que el propio Estado retiene y no transfiere a la obra social.

Al cierre de 2025, la deuda de los organismos públicos con la OSEF por aportes y contribuciones —dinero que se nos descuenta de los salarios pero no ingresa al sistema— ya alcanza los 11.983 millones de pesos. A esto se le suma la deuda del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, que al 31 de diciembre debe 8.929 millones de pesos en concepto de prestaciones y medicamentos para los afiliados del RUPE.

Esta retención de fondos por parte del Estado no es solo un problema de números; afecta directamente la atención de más de 50.000 afiliados. Mientras el presupuesto «dibuja» un equilibrio que no existe, en la realidad el desfinanciamiento golpea desde la atención primaria hasta los tratamientos de alta complejidad.

Asimismo, rechazamos que $97.505 millones del presupuesto 2026 —el 55,02% del gasto total— se concentren en convenios con el sector privado, específicamente con la Clínica San Jorge y el CeMEP. Estos acuerdos contienen cláusulas que condicionan financieramente a la obra social: cualquier incremento en los recursos de la OSEF se traslada automáticamente a estos prestadores. Además, el sistema actual establece que, ante cualquier ahorro logrado mediante auditorías, el 66% de ese monto se entregue al prestador privado como incentivo, dejando solo el 34% para el fortalecimiento de nuestra propia institución.

Cada recurso que se transfiere al sector privado bajo estas condiciones ventajosas es dinero que no se invierte en nuestros hospitales. Desde esta Vocalía, exigimos un cambio de modelo que priorice el fortalecimiento de la salud pública para reducir la dependencia de las clínicas privadas.

Advertimos que este presupuesto ficticio es la antesala de nuevos ajustes sobre los salarios. El sector activo ya cumple aportando un promedio del 3% del sueldo bruto; no vamos a permitir que el costo de la mora estatal y de un modelo que prioriza el lucro privado por sobre la salud pública lo pague la clase trabajadora.

Como representantes de más de 50.000 afiliadas y afiliados, exigimos un cambio de modelo que fortalezca el sistema público y garantice que el dinero de la salud vuelva a quienes realmente lo sostienen con su esfuerzo diario.