Por el profundo compromiso que asumimos diariamente en defensa y reivindicación de los Derechos Humano, desde el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) expresamos nuestro más enérgico repudio ante la designación de Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa de la Nación, en un claro acto de provocación hacia los organismos de Derechos Humanos, que se suma al avance contra las políticas de memoria, la flexibilización de las condiciones en las que cumplen sus condenas los genocidas responsables de crímenes de lesa humanidad, todo ello amparado a través de un discurso oficial que, mostrándose revisionista, relativiza los crímenes cometidos por el Estado y reivindica el accionar de las Fuerzas Armadas, utilizando fuentes sesgadas y poco confiables.
La decisión de nombrar a un militar en servicio a cargo de la cartera de Defensa, que plantea realizar el juramento en uniforme, es una afrenta directa e intencionada para debilitar aún más los consensos democráticos que permitieron alcanzar estas cuatro décadas de democracia. El presidente, como comandante en jefe de las FFAA, delega la responsabilidad de dirigirlas en el ministro de Defensa quien, a su vez, debe ser un civil, una tradición que permitió fortalecer la democracia y que fue sostenida por todos los gobiernos desde 1983.
El gobierno de Javier Milei y todo su gabinete pretenden retroceder en la construcción histórica de nuestra Nación respecto a las políticas de memoria que nos han posicionado como referencia en la defensa de los Derechos Humanos a nivel global. Y no es casual, para restablecer el modelo neoliberal, ultraconservador y entreguista es necesario debilitar las políticas de Estado construidas por la sociedad argentina en estos 42 años de democracia y desarticular toda forma de organización ciudadana, retrotrayéndonos a las condiciones del período más oscuro de nuestra historia nacional.
El futuro ministro de Defensa es, además, hijo de Roque Presti, genocida que murió impune, quien fue comandante del Regimiento de Infantería 7 de La Plata, tuvo bajo su mando los CCDTyE Área 113, La Cacha, Arana y la Comisaría 5°, además de participar en el operativo en la casa Teruggi- Mariani, en el que se llevaron a Clara Anahí con tres meses y que aún no recupera su identidad.
Los hijos no son responsables de las acciones de sus padres, sin embargo, Carlos Presti debe, en el caso de asumir el cargo de ministro, renunciar a sus cargos militares, pronunciarse a favor del esclarecimiento de los crímenes cometidos por la dictadura cívico eclesiástico militar y aportar la información que el pueblo argentino aún desconoce respecto a los delitos de desaparición forzada de personas y las apropiaciones de bebés.
Exigimos una vez más que las Fuerzas Armadas abran los archivos y aporten los datos completos que aún desconocemos producto del pacto de silencio que sellaron los genocidas. Solo de este modo podremos ver una democracia fortalecida y un país más justo, con la vigencia y garantía plena de Derechos Humanos.
30000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!
¡Cárcel común y prisión perpetua para todos los genocidas!
La escuela pública construye Memoria, Verdad y Justicia