Este jueves 1 de octubre se realizó la 4ª Sesión Ordinaria de la Legislatura de Tierra del Fuego AeIAS. Durante la sesión, el legislador Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, presentó una moción para quitarle el trámite de urgencia al proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, Asunto Nº 519/26, presentado por el Ejecutivo.
La moción no prosperó: fue rechazada por 8 votos contra 7, por lo que el proyecto mantendrá su trámite de urgencia conforme al artículo 111 de la Constitución Provincial. Ahora, la Legislatura deberá avanzar en su tratamiento dentro de los plazos establecidos constitucionalmente.
Un planteo que lleva 2 años y 4 meses
Hace 2 años y 4 meses, SUTEF presentó en la Legislatura un proyecto de «Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo» y, desde entonces, viene sosteniendo la necesidad de construir una política de Estado que permita garantizar inversión y recursos para el sistema educativo.
Durante todo este tiempo, SUTEF asistió a cada convocatoria en la Legislatura con el respaldo de abogados, economistas y docentes, de manera propositiva, manteniendo la voluntad de diálogo y construcción para avanzar contra el desfinanciamiento, con un objetivo claro: debatir y concretar la mejor ley posible para nuestro sistema educativo.
La ley presentada por este sindicato no afectaba a trabajadores ni a pequeños y medianos comerciantes. Establecía mecanismos precisos y justos de recaudación, aplicables a los sectores que hoy se benefician del modelo económico vigente.
Sin embargo, nuestro proyecto perdió estado parlamentario por falta de tratamiento.
Por eso, la moción presentada por Villegas significaba un nuevo intento de postergar una discusión que la educación pública necesita, una discusión que no tuvo el tratamiento que la situación educativa requería frente al impacto de las políticas del Gobierno nacional en nuestra provincia.
Que no haya prosperado la moción para quitar la urgencia es un paso que impide una nueva postergación del debate que la docencia fueguina planteó a la dirigencia política de la provincia.
El ajuste en la Educación Pública
SUTEF expuso ante la Legislatura el impacto directo de las políticas del Gobierno nacional en Tierra del Fuego AeIAS y denunció el cierre y desmantelamiento de 17 programas nacionales de financiamiento educativo.
No se trata solamente de números presupuestarios. Entre los programas eliminados se encuentran el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Compensación Salarial Docente, además de políticas nacionales de infraestructura escolar, conectividad, inclusión digital, educación técnica y transporte escolar rural. También fueron desmanteladas o vaciadas políticas vinculadas con la formación docente, la Educación Sexual Integral, los programas socioeducativos, los comedores escolares, las becas, la terminalidad educativa y la distribución de libros y materiales.
Son recursos y políticas que tenían impacto concreto en las condiciones de enseñanza y aprendizaje y, en el caso del FONID y el Fondo de Compensación, también en los salarios docentes. El ajuste no solo afecta el salario: también alcanza a estudiantes de todos los niveles y modalidades, que perdieron el acceso a bienes que antes tenían garantizados por parte del Estado.
El FONID tenía un impacto directo sobre los salarios docentes y sobre los recursos que recibían las provincias. En 2025 su eliminación significó una pérdida de $150.750 mensuales por cargo y un recorte de $2.562.750.000 para Tierra del Fuego AeIAS.
Por eso tampoco sorprende la posición asumida por La Libertad Avanza frente a la moción de Villegas. El espacio político que responde al Gobierno nacional ha sostenido una política de reducción del financiamiento educativo que ya tiene consecuencias concretas en las provincias, y el propio Milei se jacta de que «la caída salarial del sector público es una consecuencia buscada».
Durante la sesión, el legislador Lapadula, de Provincia Grande, sostuvo que existe un «problema de administración de recursos». Es el mismo planteo que esgrimen Villegas y La Libertad Avanza, y que invisibiliza el brutal impacto del ajuste del Gobierno nacional en la provincia: la caída de la coparticipación, la parálisis económica, los despidos en la industria, el alarmante cierre de fábricas y comercios, y la intervención del Puerto Provincial.
Seguimos sosteniendo que sin inversión educativa no hay presente ni futuro para nuestra provincia. La educación pública no puede seguir esperando.