El pasado jueves 16 de mayo, el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) denunció por práctica desleal al Ministerio de Educación de la provincia.

Por un lado, la cartera educativa de manera reiterativa incumple en el pago de salarios. 

Al hacer toma efectiva de horas y/o cargos, la docencia comienza a prestar servicio dentro de las 24 hs. de aceptadas. Sin embargo, la demora en las altas genera que el personal docente transcurra meses consecutivos trabajando sin percibir ningún tipo de remuneración.

Cabe destacar que desde hace más de 4 años se solicita al Ejecutivo que se implemente el alta provisoria y automática para erradicar este problema que afecta a nuestro sector todos los años (a principio y durante todo el año).

El Ministerio de Educación lleva a la docencia a una situación desesperante y límite, teniendo que recurrir a realizar una retención de tareas (derecho de las trabajadoras y trabajadores, que no puede ser descontado debido a que es la parte empleadora la que está incumpliendo con sus obligaciones).

Por otro lado, además de persistir en su incumplimiento, la cartera educativa pretende garantizar el derecho de estudiantes obligando a docentes y personal administrativo -en disponibilidad en el establecimiento educativo- a sustituir al personal que se encuentra en retención de servicios, por otro personal. Todo esto bajo un eufemismo denominado «reordenamiento de la planta funcional docente».

Es decir, el Estado que adeuda salarios ejerce presión sobre docentes que sí cobraron, para que remplacen a docentes que no cobraron; y sobre los cargos de conducción educativa, a fin de que presionen para abajo a otras/os docentes. 

Frente a ello, la docencia se solidariza con quienes no percibieron su salario amparándose en el CCT, que les permite negarse a cumplir una orden manifiestamente ilegal e inmoral.

La autoridad ministerial viola los derechos de toda la comunidad educativa, tanto de docentes como estudiantes, e incurre en las prácticas denunciadas en orden a tapar la manifiesta desidia e ineficiencia administrativa en el ejercicio de sus funciones y de ser el garante de los derechos conculados.

Resulta una conducta recurrente de la patronal ministerial en cuanto repite las mismas prácticas desleales que oportunamente se denunciaran en el mes de noviembre del 2023.

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