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SUTEF repudia la condena a Mónica Gurina y Leandro Sánchez ¡protestar por salario no es delito!

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Desde el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) expresamos nuestra más fraterna solidaridad hacia Mónica Gurina y Leandro Sánchez, dirigentes sindicales docentes llevados a juicio y condenados injustamente por luchar y ser parte del histórico acampe de mayo y junio de 2024 en Misiones.

Durante el primer semestre de 2024, en la provincia de Misiones se dio un extendido plan de lucha de las trabajadoras y Trabajadores del Estado provincial, con el acompañamiento de la comunidad, en reclamo por mejoras salariales que hagan frente a la pérdida del poder adquisitivo dados los altos porcentajes de inflación y la transferencia de la riqueza de los sectores populares hacia los grupos concentrados del poder fruto de la devaluación de diciembre de 2023.

La resistencia de las trabajadoras y trabajadores frente al feroz ajuste es castigada por el gobierno de Misiones que optó por criminalizar la protesta social, judicializando a Mónica Gurina y Leandro Sánchez y acusándolos, a través de la fiscal María Laura Álvarez, de ser coautores del delito de desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra.

Tal como intentaron hacer en Tierra del Fuego AIAS los gobiernos de Fabiana Ríos y de Rosana Bertone con la persecución sindical y criminalización de la protesta social, el gobierno de Passalacqua recurre al poder judicial para convertirlo en el brazo disciplinante para quienes no se doblegan y se organizan para reclamar por mejores condiciones de vida, a través de una Fiscalía que no pudo respaldar con pruebas sólidas sus acusaciones. 

No es casual que este tipo de medidas se implementen en medio del creciente debate respecto a la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei y los grupos económicos concentrados intentan implementar en nuestro país. Ya lo advertimos: la única forma de hacer pasar el ajuste es a través de la represión y la criminalización de las organizaciones dispuestas a enfrentar este modelo.

Expresamos nuestro más enérgico repudio frente a la injusta, desproporcionada y sorprendentemente ágil condena contra la compañera Mónica a 10 meses de prisión en suspenso y 8 meses al compañero Leandro. 

Exigimos a las centrales sindicales el urgente llamado a paro nacional en repudio contra este fallo y en la más amplia solidaridad con la docencia de Misiones.

Hacemos llegar nuestra solidaridad a Mónica y Leandro, así como con las organizaciones a las que pertenecen, UTEM y CTA-A, y nos ponemos a disposición.

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