El 26 de junio se desarrollaba una jornada nacional de lucha tenía planificado bloqueos masivos en lugares estratégicos de Buenos Aires y movilizaciones en Córdoba, Corrientes, Chaco, Tucumán, Mendoza, Neuquén y Santa Fe. Era una de las mayores protestas coordinadas desde el Argentinazo. Los reclamos eran urgentes y llevaban tiempo sin ser atendidos, las organizaciones sociales y los movimientos piqueteros exigían asistencia alimentaria inmediata, programas de empleo y soluciones habitacionales.
Aquel miércoles 26 de junio, el comisario Fanchiotti -jefe del operativo policial- dió la orden de reprimir a la columna de manifestantes que quería cortar el Puente Pueyrredon. En el contexto de una brutal represión, uno de los agentes a su cargo detonó el primer escopetazo sobre la primera línea de la movilización, ese fue el principio de una acción deliberadamente asesina, que buscaba disciplinar a través del terror y la violencia.
El uso de munición de plomo, las reuniones previas con los gobernadores de las distintas provincias que le reclamaban al gobierno nacional mano dura con las movilizaciones populares y las distintas declaraciones públicas de funcionarios de alto rango del gobierno nacional, sumado al fatal resultado de aquellas accione, no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza de las definiciones tomadas por el presidente interino Eduardo Duhalde.
Durante el repliegue de los distintos grupos piqueteros, Darío entró a la estación de trenes Avellaneda, preocupado por la seguridad de las personas que se refugiaban allí. Se encontró con compañeros y compañeras del barrio, entre ellos su hermano Leo y su compañera Claudia, les gritó que se fueran; pero también vió a Maximiliano Kosteki tirado en el piso. Darío tomó su mano, buscó su pulso, sonaron nuevos disparos, él se quedó allí, firme, sin abandonar al pibe malherido. Fanchiotti le apuntó con su escopeta, el cabo Acosta también apuntó su escopeta, le gritaron que se fuera, ahora a él. Sin soltar la mano de Maximiliano, Darío extendió su otra mano y también gritó: “¡Paren!”. El comisario volvió a increparlo, le apuntó a la cara, ya no quedaba nadie más. Cuando no había más por hacer, Darío resolvió salir del lugar, lo fusilaron por la espalda apenas giró para ir hacia los andenes del tren.
Al día siguiente, la portada del diario más leído del país, la editorial del medio titulaba “La crisis causó 2 nuevas muertes”, pero no fue la crisis sino las balas policiales las que asesinaron a Darío y a Maximiliano.
Cuatro años más tarde, en 2006, fueron llevados a juicio los autores materiales del asesinato de Darío Santillan y Maximiliano Kosteki. El comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron condenados a cadena perpetua, mientras que otros policías tuvieron penas menores; sin embargo, quienes diseñaron la represión para que hubiera muertes, quienes buscaron domesticar al movimiento popular a través de un “hecho aleccionador” que dejó como saldo más de 30 personas heridas y se cobró la vida de dos jóvenes, no fueron juzgados.
El reclamo por el juicio y castigo a los responsables políticos, a 20 años, es una bandera que el movimiento popular mantiene siempre en alto.
Miles de personas participaron desde este sábado de una jornada político-cultural en el lugar de los hechos con la consigna “La Masacre de Avellaneda es un crimen de Estado”.
Veinte años más tarde seguimos reclamando que los responsables políticos de la brutal represión del 26 de junio de 2006 ordenada por el gobierno interino de Eduardo Duhalde y ejecutado por la policía bonaerense sean llevados a juicio.