Nadie está imputado ni por daños al edificio, ni por robo, ni sustracción, ni poner en riesgo las instituciones, ni por absolutamente nada de eso. Por ello aclaramos datos del expediente judicial. Hay 17 docentes imputados, 10 docentes que están imputados de atentado a la autoridad, lo que puede tener una pena de 15 días a 1 año. Luego hay 2 imputados por atentado a la autoridad en concurso con otro delito que es el de lesiones leves agravado por ser un policía y esos dos pueden tener una pena de seis meses a dos años. Luego hay 3 docentes imputados por atentado a la autoridad en concurso con el delito de lesiones graves a un policía (lesiones que no le generó ninguno de estos tres). Esto puede tener una pena de tres a diez años. Finalmente hay dos que son imputados por atentado a la autoridad en concurso con lesiones graves a un policía (ninguno de los dos le generaron estas lesiones) y por lesiones leves a un policía por empujarlo.
Cabe destacar que la figura de atentado a la autoridad no es una figura de atentado a las instituciones democráticas o a la autoridad estatal, sino que es una figura que , como la pena lo indica , de 15 días a un año, es un delito leve y que está previsto en realidad cuando, por ejemplo, la policía quiere detener a alguien y éste se resiste.
La carga política que tiene este juicio es evidente y pone en discusión lo que debería ser la independencia de los poderes. Tenemos un Consejo de la Magistratura cuestionado, que nombra jueces como Muchnick, socio en el estudio de abogados de la hermana del Ministro Coordinador Aramburu, quien, con una falta total de ética, lo votó para su nombramiento. Consejo que integra la clase política y elige jueces como De Gamas Soler que se refugia en Tierra del Fuego por estar imputado en la causa del atentado a la AMIA, atentado que cobró la vida de más de 80 personas. Consejo que elije a jueces como Tomás Hutchinson quien se jubiló al poco tiempo para tener una jubilación de privilegio de más de 100 mil pesos que pagamos todos los estatales con nuestros aportes.
Ésta es la Justicia Fueguina. Justica Adicta la denominó un periodista, luego devenido a funcionario del actual Gobierno por un tiempo. Sin embargo, escribió un libro donde se demuestra la connivencia completa entre el poder político y la Justicia de Tierra del Fuego. Los poderes se entrecruzan, el ejecutivo, con el judicial y con el legislativo. El Gobierno entrante con el saliente. Siempre el hilo se corta por lo más delgado.
Secretaría de Prensa y Difusión. SUTEF-CTA