En la segunda sesión legislativa realizada ayer, una vez más, se le dio la espalda a la educación pública en un contexto de crisis económica y social, donde la presencia del Estado como garante de derechos resulta más necesaria que nunca.
Los legisladores Federico Greve, Federico Sciurano y Myriam Martínez (FORJA); Pablo Villegas (MOPOF) y aliados del oficialismo como Luciano Selzer, Natalia Graciania (La Libertad Avanza) y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin) eligieron no garantizar nuevos fondos para la educación de la provincia. De esta manera, tomaron la decisión política de sostener el ajuste, la precarización y la falta de recursos.
Resulta de un cinismo absoluto que, mientras despliegan discursos de supuesta preocupación por la educación, su actitud en el recinto demuestre lo contrario: prefieren sostener el marketing político antes que garantizar los recursos que educación necesita. No se puede defender la educación con enunciados abstractos mientras, en la práctica, no tienen intenciones de avanzar en un proyecto de ley que garantice fondos.
Durante la sesión, siete legisladoras y legisladores presentaron un proyecto de financiamiento para tratar sobre tablas. Sin embargo, al no contar con el acompañamiento de los diez parlamentarios que exige el reglamento, el tratamiento fue bloqueado.
¿Por qué es urgente una Ley de Financiamiento Educativo?
Porque los edificios de los establecimientos educativos se caen a pedazos; porque el salario docente es salario de pobreza; porque se eliminaron 17 programas nacionales y también se recortaron programas provinciales de Educación Física, Orquestas y Coros, y de Educación Sexual Integral; porque se eliminó el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional; porque el ajuste llegó a la comida y a las copas de leche de nuestra juventud; porque se incrementó la matrícula de estudiantes que migraron desde la educación privada producto de la crisis económica; y porque, en este contexto de emergencia, ha crecido exponencialmente la cantidad de familias que dependen de los comedores escolares para garantizar la alimentación básica de sus hijos e hijas.
Hace un año y once meses, desde SUTEF presentamos un proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que propone mecanismos técnicos para asegurar la sostenibilidad presupuestaria y fiscal, bajo criterios de progresividad y estricta justicia distributiva. Durante este tiempo, hemos asistido a cada convocatoria con el respaldo de abogados, economistas y docentes, aportando además un relevamiento pormenorizado de los establecimientos. Siempre hemos mantenido la voluntad de diálogo y construcción para avanzar contra el desfinanciamiento, con el objetivo claro de debatir y concretar la mejor ley posible para nuestro sistema educativo.
Seguimos sosteniendo que sin inversión educativa no hay presente ni futuro para nuestra provincia. La educación pública no puede seguir esperando.
¡Frente al desinterés de quienes nos gobiernan, reafirmamos la organización colectiva y la lucha de la docencia en defensa de la Educación Pública!