En diálogo con el programa radial Tripulantes de la Mañana, la vocal por el sector activo de OSEF, Adriana Soria, brindó precisiones sobre la denuncia penal presentada contra la presidencia de la obra social y cuestionó con dureza el reciente acuerdo de refinanciación firmado con el Gobierno provincial, principal deudor con la Obra Social del Estado Fueguino.

La acción judicial se sustenta en lo que la Fiscalía señaló como presuntos delitos de malversación de fondos, abuso de autoridad y mal desempeño. Según explicó Soria, “fue una decisión de presidencia de usar recursos destinados a un fondo específico y transferirlos a una cuenta general para pago de deudas, cuando la ley era clara: esos fondos eran únicamente para medicamentos o tratamientos de alto requerimiento”. En esa línea, subrayó su responsabilidad institucional: “No puedo mirar al costado ante esta situación donde debo garantizar que esos recursos, que son de las trabajadoras y los trabajadores, se cuiden” (ver comunicado: www.sutef.org/denunciapenalosef2026).

La vocal advirtió que este escenario no es aislado, sino parte de una estrategia más amplia. “No nos equivocamos cuando advertimos que en el presupuesto no estaban contempladas las deudas; estaban preparando un escenario para licuarla”, sostuvo. El punto más crítico es el acuerdo firmado entre la presidencia de OSEF y el Ministerio de Economía, que establece un plan de pago en 36 cuotas con una tasa del 21% para una deuda que superaba los 11.000 millones de pesos. Para Soria, se trata de condiciones ampliamente favorables para el deudor y perjudiciales para la obra social.

Soria cuestionó la legalidad y transparencia del convenio al señalar un evidente conflicto de intereses. “Hay una incompatibilidad. La propia presidenta, representante del Gobierno —que es el mayor deudor— firma un convenio con el ministro de Economía. Está de los dos lados del mostrador y eso no pasó por Directorio”, remarcó.

El impacto de estas decisiones ya se traduce en el funcionamiento cotidiano del sistema de salud. Soria alertó sobre un escenario de desfinanciamiento que afecta directamente a más de 55.000 afiliados y afiliadas: cortes en farmacias, interrupciones en tratamientos oncológicos y derivaciones fuera de la provincia donde los pacientes deben afrontar gastos de su bolsillo. “Es una desinversión en la salud pública, porque ese dinero no está donde tiene que estar. El afiliado no puede ser el que pague el costo de que los entes no transfieran los fondos”, afirmó.

En términos concretos, la refinanciación redujo en los registros contables la deuda del Gobierno de más de 11.000 millones a 785 millones, postergando además los primeros pagos hasta el 15 de abril. Para la vocal, esto deja a la obra social sin el flujo necesario para sostener prestaciones básicas: “Hoy no tenemos el goteo diario que necesitamos para pagar a los prestadores”.

El informe contable también expone incumplimientos de otros organismos. Soria señaló que el Concejo Deliberante de Tolhuin no abonó la primera cuota de su plan de pagos, mientras que la Municipalidad de Río Grande cumplió con la cuota del plan de financiación pero no transfirió las contribuciones del mes de febrero. A estos se suman el INFUETUR, Vialidad Provincial, el Municipio de Tolhuin y la Caja de Retiros de la Policía, también en mora.

De cara a la próxima reunión de Directorio, la vocal anticipó que rechazará la ratificación de estos convenios y que continuará con las acciones judiciales correspondientes. Asimismo, insistió en la necesidad de avanzar con el proyecto de autarquía de la obra social, actualmente en la Legislatura, como una salida estructural a la crisis.