El gremio del SUTEF llevará la problemática de los trabajadores de Tierra del Fuego y denunciará ante el organismo laboral situaciones de práctica desleal, descuentos salariales por adhesión a huelgas y una serie de “violaciones a los derechos laborales”.

El secretario General del SUTEF y de la CTA Autónoma de Tierra del Fuego, Horacio Catena, quien es también Secretario General Adjunto de la Federación Docente Argentina (FND), formó parte de la comitiva argentina que viajó a la Convención en Ginebra de la Organización Internacional del Trabajo OIT.

Cabe recordar que el 20 de agosto del 2016, el SUTEF –a través de la CTA- presentó un recurso en queja en la OIT contra el Gobierno de Tierra del Fuego por «violación del derecho a la negociación colectiva y a la libertad sindical”, argumentando que el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina es el gremio docente estatal con mayor cantidad de afiliados en la provincia.

A través del documento presentado, el sindicato relató la situación laboral de los trabajadores a partir de las medidas que fue adoptando la actual gestión de Gobierno, junto a la Legislatura Provincia, desde que asumió «que atentan contra los derechos sindicales de los trabajadores” y la respuesta de parte de los sindicatos con representación en el ámbito estatal, con más de 100 días de medidas de fuerza.

La «práctica desleal sobre los trabajadores docentes”, traducida en «prohibición de reuniones y asambleas en los lugares de trabajo, reducciones salariales extremas hasta el 100%del salario mediante descuentos por ejercicio del derecho a huelga no declarada ilegal, trabajo a reglamento, retención de tareas y reuniones gremiales”, entre otros temas, forman parte de la presentación que harán los docentes fueguinos ante la Organización Internacional del Trabajo.

La creación de cargos para sustituir a los docentes en huelga, «contrariando las leyes argentinas que prohíben el ‘esquirolaje’ sumado a los descuentos por días de huelga de hasta el 80 % del salario neto”, fue planteada por el SUTEF ante el organismo internacional, además de denunciar que «absurdamente (el Poder Ejecutivo Provincial) declara ilegal la huelga argumentando que el motivo no es salarial sino de recuperación de derechos laborales”.

Otro de los cuestionamientos del sindicato tuvo que ver con la «baja de los talleres culturales dejando sin trabajo a centenares de docentes que hacía años desempeñaban esa tarea realizando maniobras entre el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Cultura de Gobierno (en una clara connivencia) en las convocatorias a paritarias con el SUTEF para que las mismas no se pudieran llevar adelante”.

Además dieron cuenta de los «procesos judiciales de exclusión de tutela sindical para proceder a la exoneración de 17 docentes delegados y miembros de la Comisión Directiva del SUTEF”; a los «sumarios administrativos contra 5 supervisoras escolares, personal de carrera docente que amparándose en la normativa vigente se opusieron al otorgamiento de cargos de ‘esquirolaje’ en actos públicos, con separación del cargo sin goce de haberes mientras dure el sumario”.

También criticaron el «respaldo judicial al desalojo sin orden legal por parte de la policía provincial de 250 trabajadores a las 3 (AM) que protestaban frente a Casa de Gobierno desde hacía más de 100 días quemando y destrozando los refugios climáticos que utilizaban para resguardarse del frío en la ciudad más austral del mundo”.

También se refirieron la «persecución judicial a dirigentes sindicales” por parte del Juez De Gamas Soler, «con allanamiento ilegal a las 3 (AM) por parte de la policía provincial y detención e incomunicación por 72 horas de 5 dirigentes sindicales estatales de Tierra del Fuego” y la «imposición de reglas de conductas a los dirigentes perseguidos, de imposible cumplimiento, que atentan contra el desenvolvimiento normal de las actividades sindicales de los mismos”.

«La Tierra del Fuego se ha convertido en la Tierra del Desamparo, donde los trabajadores y ciudadanos han perdido no solo derechos, sino las garantías que debe ofrecer el Estado para la defensa de los mismos», se aseveró.