En una entrevista brindada al programa “Tripulantes de la Mañana”, la vocal en representación de las trabajadoras y trabajadores activos en OSEF, Adriana Soria, analizó la compleja situación de la obra social, expuso la crítica situación que atraviesan las afiliadas y afiliados ante el corte de prestaciones y apuntó a la responsabilidad política de organismos y entes que mantienen deudas multimillonarias.

Según Soria, el problema central que atraviesa la Obra Social del Estado Fueguino no es estrictamente de gestión sino de recursos que no ingresan. “Claramente el problema que tenemos es financiero, entonces lo que necesitamos son recursos dentro de las cuentas de OSEF”, señaló.

La vocal explicó que distintos organismos públicos mantienen deudas con la obra social que corresponden a aportes y contribuciones que deberían transferirse mensualmente. “Esas deudas son salario diferido de las trabajadoras y los trabajadores”, afirmó, al remarcar que se trata de fondos que ya están contemplados en los presupuestos de los organismos estatales pero que no llegan a OSEF.

Entre los principales deudores, Soria mencionó al Gobierno provincial, el municipio de Río Grande y el municipio de Tolhuin. De acuerdo con sus declaraciones, la deuda vinculada al Ejecutivo provincial alcanza cifras multimillonarias: “Quien hoy está debiendo $ 9.000.000.000 en contribuciones patronales, más otros $10.000.000.000 por la cobertura de prestaciones médicas y medicamentos a beneficiarios de las pensiones RUPE”.

Planes de pago y críticas a la presidencia de OSEF
Uno de los puntos más cuestionados por la vocal es la firma de planes de pago para cancelar deudas de organismos públicos en plazos prolongados. En el caso del municipio de Río Grande, explicó, se llegó a plantear inicialmente un esquema de 48 cuotas, mientras que para el Concejo Deliberante de Tolhuin se firmó un esquema de 18 cuotas.

“Imaginate, son cuatro años a la espera de poder terminar de cobrar esa deuda”, cuestionó Soria. “Cuando vas a los prestadores o a las droguerías, obviamente que en cuotas no les podés pagar”.

Para la representante de los trabajadores, esta política agrava el cuadro financiero de la obra social en un contexto donde se multiplican los problemas para garantizar prestaciones básicas.

Afiliadas y afiliados sin medicamentos ni tratamientos
La consecuencia más directa de esta situación, según describió Soria, se refleja en el acceso a tratamientos y medicamentos. “El grave problema que tenemos con los medicamentos es que se están cortando tratamientos: no hay continuiudad de los tratamientos oncológicos, de HIV, de diabetes”, advirtió.

También señaló que existen dificultades para sostener prestaciones destinadas a personas con discapacidad y que la obra social recibe de manera permanente recursos judiciales por incumplimientos. “Todos los días nos llegan amparos por incumplimiento”, indicó.

En muchos casos, explicó, los laboratorios se niegan a vender medicamentos debido a las deudas acumuladas. “Te dicen: no te pasamos presupuesto porque tenemos una deuda que hasta que no nos paguen no vamos a entregar ningún medicamento”.

Para la vocal, la gravedad de la situación es evidente: “Tenés atado al afiliado que está atravesando un grave problema de salud… y está en juego su vida, su salud”.

Salud pública debilitada y peso de los privados
Soria también vinculó la crisis de la obra social con la falta de inversión en el sistema público de salud. Según explicó, la debilidad del sistema hospitalario empuja a que gran parte del presupuesto de la obra social termine en prestadores privados.

“Hoy tenemos el monopolio en Ushuaia con la Clínica San Jorge y en Río Grande con la Clínica CEMEP, que se llevan el 55% del presupuesto”, sostuvo.

En ese contexto, cuestionó la existencia de convenios que garantizan actualizaciones automáticas de valores a los prestadores privados mientras la obra social enfrenta problemas para cubrir prestaciones esenciales.

Una crisis que impacta en los trabajadores
Para la vocal por el sector activo, la obra social forma parte del salario de las y los trabajadores estatales, por lo que la crisis termina golpeando directamente sobre ellos y sus familias.

“La obra social es salario diferido”, remarcó, y agregó que mejorar los ingresos laborales también fortalecería el financiamiento del sistema.

Mientras tanto, la situación de los afiliados sigue deteriorándose. Con tratamientos interrumpidos, dificultades para conseguir medicamentos y prestaciones recortadas, el escenario que describe la representante sindical es el de una obra social atrapada entre deudas estatales, acuerdos cuestionados y una creciente dependencia del sector privado.