Después de dos años, cinco meses y 19 días de lucha, la docencia fueguina conquistó una ley que permitirá incorporar nuevos recursos para sostener y fortalecer la educación pública.
Frente al desfinanciamiento de la educación pública por el recorte de 17 programas nacionales de financiamiento educativo, profundizado por la caída de los recursos provenientes de la coparticipación, SUTEF presentó el 29 de mayo de 2024 un proyecto de Ley de Financiamiento Educativo.
Durante dos años, cinco meses y 19 días, la docencia fueguina sostuvo el reclamo por una ley que permitiera obtener nuevas fuentes de financiamiento para sostener y fortalecer la educación pública frente al ajuste del Gobierno nacional.
Sin embargo, aquella iniciativa fue bloqueada en la Legislatura y terminó perdiendo estado parlamentario. Durante más de dos años, sostuvimos el reclamo y exigimos que se debatiera una política de financiamiento integral que permitiera fortalecer la educación pública frente al ajuste.
La lucha de la docencia logró que se impulsaran distintas iniciativas en la Legislatura. Finalmente, el proyecto que llegó al recinto y fue aprobado fue presentado por el Poder Ejecutivo provincial. Desde SUTEF defendimos su sanción porque lo que estaba en discusión era -y sigue siendo- si se incorporaban recursos para sostener la educación pública o se profundizaba el ajuste. Por eso, el sindicato participó de cada instancia legislativa con voluntad propositiva y aportes para fortalecer la iniciativa.
Desde el inicio, SUTEF llevó al centro de la escena el debate sobre la concentración de la riqueza en la provincia y la necesidad de que los sectores que más ganancias obtienen contribuyan al financiamiento de la educación pública y de los derechos sociales de la clase trabajadora y el pueblo fueguino.
Es imprescindible comenzar a discutir cómo se produce y se distribuye la riqueza en Tierra del Fuego AeIAS para terminar con la profunda desigualdad, mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y garantizar el acceso efectivo a derechos. La riqueza que se genera en nuestra provincia debe traducirse en mejores salarios, educación, salud, infraestructura y condiciones de vida dignas para las mayorías.
Durante el tratamiento legislativo, distintos sectores impulsaron cuestionamientos y acciones que demoraron el avance del proyecto. Se intentó instalar que la iniciativa implicaba un “impuestazo”, se cuestionaron los tiempos de debate y la suficiencia de los recursos, sin presentar propuestas concretas para financiar la educación pública.
En la votación del martes 17 de noviembre votaron contra la Ley de Financiamiento Educativo: Pablo Villegas y Damián Löffler (MOPOF), Matías Lapadula (Provincia Grande), Natalia Gracianía y Luciano Selzer (La Libertad Avanza) y Federico Sciurano (UCR).
La aprobación se alcanzó con siete votos afirmativos y siete negativos, y se definió mediante el voto de desempate de la presidenta de la Legislatura, Victoria Vuoto.
Por su parte, la legisladora Laura Colazo revirtió su posición y acompañó la iniciativa. El secretario general de SUTEF, Horacio Catena, explicó que mantuvo una comunicación con la legisladora, quien le informó los motivos del acompañamiento de la ley y su intención de trabajar en un proyecto para incorporar recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) para la tecnificación de las escuelas. SUTEF manifestó su disposición a acompañar una iniciativa que destine esos recursos al sistema educativo.
La sanción de la ley es el resultado de un proceso colectivo de lucha. La docencia sostuvo el reclamo durante más de 2 años, con movilizaciones, acampes y 46 días de huelga. Como expresó el secretario general de SUTEF, Horacio Catena: “Acá hay una docencia de pie, que camina bajo sus propias reglas, que no le hacemos caso a los poderosos, que nos reinventamos en cada lucha”.
Catena destacó también el sentido político de haber instalado este debate: “Que nosotros nos hayamos animado a poner en discusión que la escuela debe ser pública, gratuita, de calidad y con financiamiento también es una ruptura de ese orden que venía a terminar con los trabajadores, con la escuela pública y con el financiamiento”.
La conquista de la Ley de Financiamiento Educativo también debe entenderse en el marco del acuerdo general alcanzado por la docencia después de 46 días de huelga. Esa lucha permitió poner un freno a los intentos de avanzar con el ajuste sobre el sistema educativo y defender la estabilidad laboral, la intangibilidad de las plantas funcionales y la continuidad de los cargos y las horas de trabajo. Mientras algunos sectores políticos de la provincia impulsan recortes que ponen en riesgo los puestos de trabajo de la docencia y quitan recursos a la educación pública, el acuerdo y esta ley representan herramientas fundamentales para resguardar lo conquistado. Nada de esto está garantizado de una vez y para siempre: es necesario mantenernos organizadas y organizados, en estado de alerta y con la decisión de defender cada derecho.
La aprobación de la ley representa un avance, pero no es un punto de llegada. Ahora es necesario garantizar su promulgación, avanzar con la reglamentación y poner en marcha los mecanismos previstos para que los recursos lleguen efectivamente al sistema educativo.
Además, es necesrio discutir el presupuesto de la provincia y exigir que aumenten los recursos destinados a la educación pública. Esto requiere profundizar la discusión sobre la política tributaria y la concentración de la riqueza en Tierra del Fuego AeIAS. Siguiendo la línea que SUTEF viene impulsando, es necesario revisar los mecanismos de recaudación y discutir por qué existen sectores económicos que no tributan o tributan poco, a pesar de contar con capacidad para contribuir con mayores recursos. La riqueza que se produce en nuestra provincia debe aportar al sostenimiento de los derechos sociales y traducirse en mejores condiciones de vida para la clase trabajadora y el pueblo fueguino.
La sanción de esta ley abre una nueva etapa: hacer efectivo el financiamiento, fortalecer la educación pública y avanzar en políticas que garanticen mejores condiciones para enseñar y aprender. La discusión sobre los recursos y su distribución seguirá siendo central para construir una provincia que priorice los derechos de las mayorías.
La educación pública se defiende con organización y lucha.
















































