El pasado martes 26 de marzo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de La Plata sentenció diez prisiones perpetuas, una sentencia de 25 años y una absolución por delitos de lesa humanidad cometidos contra 610 víctimas de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno de Avellaneda y la Brigada de San Justo durante la última dictadura cívico, eclesiástica y militar.
Entre las 610 víctimas se encuentran mujeres embarazadas, nietas/os apropiadas/os -de los cuales 7 lograron recuperar su identidad-, militantes, estudiantes de secundaria y 8 mujeres trans y travestis.
Luego de 4 años, a dos días de las masivas marchas en todo el país a 48 años del golpe de Estado genocida, se obtuvo un fallo histórico en un contexto donde el gobierno nacional niega el terrorismo de estado y el plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio entre 1976 y 1983.
El TOF Nro. 1 de La Plata consideró los delitos como crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, incluyendo el pedido de la querella de agravamiento de las penas en algunos casos.
Recibieron las penas de prisión perpetua Federico Antonio Minicucci (jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada); Guillermo Domínguez Matheu (jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata); Jorge Héctor Di Pasquale (jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata); Carlos María Romero Pavón (jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata); Roberto Balmaceda (jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata); el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart; Juan Miguel Wolk (jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana); el médico policial Jorge Antonio Bergés; el comisario Horacio Luis Castillo, y Carlos Gustavo Fontana (enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601).
Julio Candioti, exintegrante del Destacamento 101 y extraditado desde Uruguay, fue condenado a 25 años de prisión.
Enrique Augusto Barre, segundo jefe de la Dirección de delitos contra la propiedad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y número dos del genocida Wolk en el Pozo de Banfield, representado hasta diciembre por Cúneo Libarona fue absuelto, decisión que será apelada.
No pudieron ser juzgados en esta causa seis de los acusados que murieron durante el juicio: Miguel Ángel Ferreyro (21-10-2021), Ricardo Armando Fernández, Miguel Osvaldo Etchecolatz (2-7-2022), Carlos del Señor Hidalgo Garzón (01-12-2022), Emilio Herrero Anzorena (11-6-2022) y Eduardo Samuel De Lio (2023).
¡Exigimos cárcel común, perpetua y efectiva!
¡Ni un solo genocida por las calles de Argentina!
¡Son 30 mil!¡Fue genocidio!
Noche de los Lápices: perpetua para los represores Jaime Lamont Smart y Jorge Bergés por cometer crímenes de lesa humanidad contra estudiantes de secundaria
Los represores Jaime Lamont Smart y Jorge Bergés fueron encontrados como responsables directos de la desaparición de un grupo de estudiantes de secundaria en 1976. El 16 de septiembre de 1976 y días sucesivos, fueron secuestrados en la ciudad de La Plata por Grupos de Tarea de la Policía de la Provincia de Buenos Aires -dirigida en aquel entonces por el general genocida Ramón Camps- con apoyo del Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército.
Eran los primeros meses de la dictadura cívica, eclesiástica y militar que acabaría en diciembre de 1983. El general genocida Ramón Camps consideró el operativo como necesario en la lucha contra “el accionar subversivo en las escuelas”.
La fecha, que quedó grabada en la memoria colectiva como «La noche de los lápices», formó parte del plan sistemático de detenciones, desapariciones y aniquilamiento de trabajadores, estudiantes y militantes de la Dictadura.
La mayoría de los jóvenes tenía militancia política en la Unión de Estudiantes Secundarios, agrupación estudiantil encuadrada en el peronismo de izquierda, y en la Juventud Guevarista, rama juvenil del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Muchos habían participado, durante la primavera de 1975, en las movilizaciones que reclamaban el BES (Boleto Estudiantil Secundario), un beneficio conseguido durante aquel gobierno democrático y que el gobierno militar fue quitando de a poco.
El 16 de septiembre secuestraron a María Claudia Falcone (16 años) y Francisco Bartolomé López Muntaner (16 años) del Colegio de Bellas Artes; María Clara Ciocchini (18 años), ex alumna de la Escuela Normal Superior de Bahía Blanca; Horacio Ungaro (17 años) y Daniel Racero (18 años) de la Escuela Normal N.° 3; y Claudio de Acha (18 años), estudiante del Colegio Nacional.
Hubo sobrevivientes que fueron secuestradas/os en distintas fechas de septiembre como las y los estudiantes del Colegio Nacional de La Plata Víctor Vicente Marcasciano, Pablo Pastrana y Cristian Krause secuestrados el 1 de septiembre; Fernanda María Gutiérrez, estudiante del Liceo Víctor Mercante; Carlos Mercante del Colegio del Pilar; Graciela Torrado, estudiante del Bachillerato de Bellas Artes, y Luis Cáceres de la Escuela Técnica secuestrados el 4 de septiembre. Gustavo Calotti, fue llevado el 8 de septiembre y Víctor Triviño el 10 de ese mismo mes; y el 17 de septiembre fueron secuestradas Emilce Moler y Patricia Miranda. Lo mismo le sucedió a Pablo Díaz el 21 de septiembre.
Todos fueron conducidos al centro clandestino de detención conocido como Arana, donde se los torturó durante semanas, y luego los trasladaron a destinos similares: el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Comisarías 5.ª, 8.ª y 9.ª de La Plata y 3.ª de Valentín Alsina, en Lanús, y el Polígono de Tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires.
A partir del relevamiento de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) se puede determinar que el 21% de las personas secuestradas eran estudiantes. La juventud fue objeto de una fuerte política disciplinadora y represiva del Terrorismo de Estado.
SUTEF ¡La educación pública y popular construye Memoria, Verdad y Justicia!