Este martes 3 de noviembre, se llevó adelante un masivo paro docente provincial, con movilizaciones en toda la provincia, en respuesta a la quita del trámite de urgencia del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo. En el marco del estado de alerta y movilización, la docencia exigió a la Legislatura la sanción de la ley, fundamental para garantizar recursos frente al ajuste del Gobierno nacional y la eliminación de 17 programas nacionales de financiamiento educativo.
El paro fue una respuesta contundente frente a la estrategia política de La Libertad Avanza, el MOPOF y Provincia Grande, cuyos legisladores reunieron el lunes 2 de noviembre las voluntades necesarias para quitar el trámite de urgencia y que, desde la presentación del proyecto, impulsaron distintas acciones para obstaculizar el avance de la iniciativa.
Quitar el trámite de urgencia no significó que el proyecto haya sido rechazado, pero sí eliminó el mecanismo que garantizaba un tratamiento acelerado para evitar que la iniciativa quedara paralizada en las comisiones. No es un riesgo menor: hace dos años y cinco meses, SUTEF presentó en la Legislatura un proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que terminó perdiendo estado parlamentario por falta de tratamiento.
Luego de una extensa jornada legislativa, la sesión pasó a cuarto intermedio hasta el próximo 17 de noviembre. Frente a este escenario, desde SUTEF convocamos a realizar asambleas informativas y de debate en todas las instituciones educativas de la provincia, para analizar lo sucedido, compartir información y definir colectivamente los pasos a seguir.
SUTEF mantiene el estado de alerta y movilización en toda la provincia. La docencia fueguina tiene que organizarse en las instituciones, acompañando una demanda que trasciende al sector docente: garantizar el derecho social a la educación mediante una política de financiamiento integral. No estamos reclamando una solución coyuntural, estamos reclamando una herramienta para el presente y el futuro de la educación pública de Tierra del Fuego AeIAS.
La sesión de este martes volvió a poner en evidencia la coordinación entre Pablo Villegas y Damián Löffler (MOPOF), Matías Lapadula (Provincia Grande), Natalia Gracianía y Luciano Selzer (La Libertad Avanza).
Una vez más, Pablo Villegas fue quien impulsó la moción para devolver el proyecto a comisiones, una maniobra que tenía como objeto postergar el tratamiento y la sanción. Su actuación vuelve a dejar en evidencia su falta de compromiso con los problemas de la educación pública: mientras intenta obstaculizar el avance de una ley fundamental para el sistema educativo, su ausencia en las comisiones donde se debatió la iniciativa demuestra el escaso interés que tuvo en participar de una discusión que exige responsabilidad política y respuestas concretas.
Villegas sostiene que los problemas de financiamiento educativo responden a una mala administración de los recursos provinciales. Curiosamente, en su diagnóstico no parecen tener lugar la caída de la coparticipación ni la eliminación de 17 programas nacionales de financiamiento educativo por parte del Gobierno de Milei. En este punto, sus planteos coinciden con los del legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula: responsabilizar a la administración provincial sin poner en discusión el ajuste del Gobierno nacional ni sus consecuencias sobre la educación fueguina.
Los cinco legisladores también cuestionaron que las fuentes de financiamiento previstas generarían una recaudación insuficiente. Sin embargo, ni durante el trabajo en comisiones ni en la sesión legislativa presentaron propuestas concretas para incorporar nuevos recursos. Si consideran que los fondos previstos no alcanzan, cabe preguntarles: ¿qué otras fuentes de financiamiento proponen? Cuestionar los recursos sin aportar alternativas también es una forma de bloquear el debate.
A esto se suma que volvieron a instalar el argumento del «impuestazo», aunque el dictamen de mayoría establece expresamente que ni el Banco de Tierra del Fuego ni Camuzzi podrán trasladar a las usuarias y los usuarios los costos derivados del pago de Ingresos Brutos. El proyecto incorpora nuevas fuentes de financiamiento sin que esos costos recaigan sobre la población. La insistencia con el «impuestazo» desconoce lo que establece el propio dictamen.
De hecho, el dictamen de mayoría incorporó nuevas fuentes de financiamiento, entre ellas aportes vinculados a la actividad del Banco de Tierra del Fuego, Camuzzi, Terra Ignis y otras actividades económicas. La iniciativa busca ampliar los recursos disponibles para el sistema educativo y establecer mecanismos que impidan trasladar esos costos a las usuarias y los usuarios de los servicios.
La legisladora de La Libertad Avanza, Natalia Gracianía, parece haber entrado en su fase más desesperada. Después de que fracasara la operación mediática para instalar la idea de un «impuestazo», ahora intenta desacreditar la ley sosteniendo que los recursos que generaría serían insuficientes. Lo que convenientemente omite es que se trata de nuevas fuentes de financiamiento para una provincia que sufrió la eliminación de 17 programas nacionales por parte de Milei, con un impacto directo sobre la educación fueguina.
Sin inmutarse, Gracianía se dirige a la docencia con una cuenta forzada para presentar como insignificante el impacto de los recursos que propone la ley. Pero hay otra cuenta sobre la que no parece tener nada que decir: desde marzo de 2024, cada docente perdió alrededor de 7 millones de pesos por la eliminación del FONID dispuesto por Milei. Para minimizar los recursos que necesita la educación fueguina, las cuentas siempre aparecen; para explicar el dinero que el Gobierno nacional le quitó a la docencia, el silencio es absoluto.
Otro punto de coincidencia entre estos cinco legisladores es que ahora sostienen que no hubo tiempo suficiente para discutir y debatir el proyecto. Sin embargo, SUTEF presentó hace dos años y cinco meses una iniciativa de Ley de Financiamiento Educativo que terminó perdiendo estado parlamentario por falta de tratamiento en la Legislatura. Parece que el problema no es la falta de tiempo para debatir, sino la falta de voluntad política para hacerlo.
Incluso, proponen que la discusión se dé en el marco del debate del presupuesto. Cabe preguntarse: si no incorporaron esta discusión durante el tratamiento de los dos presupuestos anteriores, ¿qué hace pensar que lo harán ahora?
La educación pública no puede sostenerse solamente con declaraciones de compromiso. Necesita recursos, planificación, inversión y una política de Estado que garantice su funcionamiento presente y futuro.
Lo que está en discusión es mucho más profundo: ajuste o inversión; salarios que pierden poder adquisitivo o trabajo docente bien remunerado. Son dos cuestiones inseparables para pensar el presente y el futuro de la educación fueguina. No hay fortalecimiento del sistema educativo sin inversión sostenida, sin condiciones dignas de enseñar y aprender y sin salarios que reconozcan el trabajo de quienes todos los días sostienen la educación pública.
Que hoy se discuta una Ley de Financiamiento Educativo es el resultado de un reclamo sostenido por SUTEF durante más de dos años y cinco meses. No se trata de una demanda improvisada ni de una discusión exclusivamente salarial: se trata de construir una política pública que permita enfrentar el desfinanciamiento estructural de la educación fueguina.
No podemos seguir naturalizando que las instituciones educativas funcionen con recursos insuficientes, que las necesidades de infraestructura se acumulen y que las comunidades educativas deban afrontar cotidianamente las consecuencias del desfinanciamiento.
¡Exigimos el tratamiento y la aprobación de la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo!
SUTEF