El Secretario General Adjunto Héctor López Auil, junto a compañeros de la CTA Nacional y otras organizaciones, fueron recibidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, días atrás, con motivo del inicio de las citaciones indagatorias adocentes y camioneros. A solicitud de quienes nos recibieron, enviamos desde el SUTEF, la siguiente nota explicando lo que sucede en Tierra del Fuego:
A la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación:
La protesta, el discurso y la manifestación en lugares públicos, son derechos consagrados en Constitución Nacional y Pactos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica).
Sin embargo, nos encontramos frente a una política de persecución gremial por parte del poder ejecutivo provincial, y que ahora, parecería también anidar en el poder judicial, lo que levanta la sospecha de la falta de independencia de poderes y la connivencia entre los poderes ejecutivo y judicial en Tierra del Fuego. La conculcación de derechos laborales va en aumento, aún para los pasivos, y queda a las claras la ausencia del Estado cuando los ciudadanos comunes son victimizados por el poder.
El Estado fueguino no garantiza los derechos ni el funcionamiento de las instituciones, ni siquiera el elemental derecho a ingresar a un lugar público. El prejuzgamiento y la persecución a los trabajadores, es un intento de confinarlos a la desmovilización para avanzar sobre sus cabezas.
La citación a indagatoria de personas cuyo “delito” consistió en ser solidarios y de poner el cuerpo durante 5 años de ajuste para reclamar por los derechos propios y de otros, sólo se puede aplicar con una Justicia con la balanza rota, que atiende las necesidades de los poderosos, y, que por otro lado, es incapaz de oír y ver los más mínimos reclamo de los oprimidos.
El 23 de mayo del 2013 nos encontramos en Tierra del Fuego con una Casa de Gobierno convulsionada por un conflicto gremial y social. La propia gobernadora manifestó: » un grave error de cálculo de las dimensiones del conflicto”; y también salieron en los medios las declaraciones del Subsecretario de Asuntos Gremiales: «He sido responsable por cómo se desarrollaron los hechos», admitió y dijo que hubo «error de cálculo y error político». (http://www.actualidadtdf.com.ar/index.php?option=com_k2&view=item&id=8987:r%C3%ADos-autocr%C3%ADtica-%E2%80%9Dhubo-un-grave-error-de-c%C3%A1lculo-de-la-dimensi%C3%B3n-del-conflicto%E2%80%9D&Itemid=85 ;
http://www.lanacion.com.ar/1586447-no-hubo-acuerdo-con-los-maestros-fueguinos;
http://www.sur54.com.ar/tras-fracaso-en-asuntos-gremiales-fonrradona-confirm-que-sigue-en-gobierno)
Sin embargo, no hay ningún “responsable” citado a declaración, ni siquiera como testigo. Tampoco fue investigado ningún policía que reprimió y golpeó a los manifestantes. Sólo los trabajadores imputados por delitos menores que, si existieran, normalmente se resuelven por mediación, pero que el Gobierno Provincial, a través de su Ministro Coordinador, se ha encargado de manifestar que no aceptará la misma.
Por otro lado, a un compañero docente le suspendieron la indagatoria porque no había pruebas suficientes. Un compañero que recibió la citación en su domicilio, de manos de un policía, con el patrullero en la puerta a la vista de todos los vecinos, delante de sus hijos… y luego, no hay pruebas suficientes para considerarlo sospechoso.
Estamos ante pruebas fílmicas editadas por la policía a pedido de la justicia, siendo la fuerza pública una de las partes involucradas, resulta completamente fuera de lugar. Además, comparando el crudo con el material editado, queda a las claras la intencionalidad de acusar a los trabajadores.
Un hecho grave, que denota el carácter persecutorio y político de las causas, es que en las pruebas fílmicas en crudo del expediente, figura un acto político de la candidata a Senadora por el Frente para la Victoria en la recientemente inaugurada clínica de la UOM, Río Grande, el mismo día 23 de mayo del 2013. Esto es de extrañar y da a lugar para sospechar el carácter político de las causas y el grado de prejuzgamiento, ya que se deslizó en los medios que el conflicto gremial y los sucesos de ese día eran de índole político y destituyente; y que estaban siendo “fogoneados” por la oposición (FPV y UCR) al Partido Social de Fabiana Ríos.
Por otro lado, la acordada en tribunales para el impedimento de ingreso de docentes al edificio, atenta contra las más elementales normas de garantías de derechos.
Decimos entonces que existe en Tierra del Fuego la criminalización de la protesta social, y que es impulsada por el Gobierno de Fabiana Ríos. Intentan así atribuirle el carácter de delincuentes comunes a trabajadores que defienden sus derechos o participan en conflictos sociales. Se está criminalizando a una persona por ser trabajador y protestar. Buscan un “castigo ejemplificador” para los sindicatos y los manifestantes atacando el derecho a la huelga y a la movilización popular.
Sin dudas, si algún imputado resultara procesado y detenido, estaremos hablando de presos políticos y, por consiguiente, la contradictoria situación de que existan en un Estado de Derecho.
Solicitamos el cese inmediato de las causas a docentes y camioneros, denunciados por el Gobierno de Tierra del Fuego!
Son 40 los imputados por la protesta de mayo del 2013 en Casa de Gobierno. Están siendo citados a declaración indagatoria con insuficiencia de pruebas y marcado prejuzgamiento.
Es la 5ta causa que se arma contra los dirigentes sindicales del SUTEF (por ahora todas desestimadas).
Hay una cantidad de trabajadores municipales y camioneros procesados por una manifestación en diciembre del 2012.
Es la gestión de gobierno que más pedidos de quite de tutela sindical ha presentado en el Ministerio de Trabajo.
La policía filma las manifestaciones sindicales y actos políticos de la oposición realizando trabajo de inteligencia.
SUTEF