Se cumplió una década de aquella madrugada en la que el gobierno de Rosana Bertone decidió responder con fuego, palos y represión a la mayor protesta social y sindical que conoció la provincia de Tierra del Fuego AeIAS en 35 años. En sintonía con el ajuste nacional de Macri, la respuesta al reclamo popular fue un desalojo ilegal, antidemocrático, sin orden judicial y violando todo protocolo.
A las 2 de la mañana, la infantería y una patota de civiles sin identificar arremetieron contra el acampe frente a Casa de Gobierno. El operativo replicó los métodos más oscuros de nuestra historia con una zona liberada donde un grupo parapolicial destrozó e incendió las carpas, mientras la policía científica filmaba los rostros de los manifestantes para confeccionar listados y avanzar en causas penales.
La saña del desalojo dejó personas hospitalizadas por asfixia y contusiones. Aquella madrugada la policía retuvo las ambulancias, dejando a trabajadoras descompensadas sobre el asfalto helado, sin ningún tipo de asistencia médica.
El acampe fue una respuesta colectiva en rechazo al paquete de leyes de ajuste que la gobernadora Rosana Bertone aplicó en Tierra del Fuego AeIAS para imponer el vaciamiento de la provincia y el recorte de derechos de toda la población. A esto se sumó el acuerdo de Bertone al pacto fiscal nacional, los tarifazos de los servicios públicos y el congelamiento salarial que golpeó a miles de familias.
La represión de esa madrugada fue el inicio de un laboratorio de disciplinamiento social: el gobierno inició una cacería judicial contra los sindicatos que incluyó la separación de supervisoras de carrera, detenciones domiciliarias en plena noche, suspensiones y la exoneración de la conducción del sindicato docente SUTEF.
A diez años de la noche en que intentaron quebrar la mayor protesta de la historia fueguina, el intento de disciplinar a la docencia mediante la violencia y la judicialización demostró su fracaso político. El fuego de aquella madrugada redujo a cenizas las carpas pero no la organización; hoy, la defensa de la educación pública, la salud y el sistema previsional sigue siendo la respuesta de las trabajadoras y los trabajadores frente a los modelos de exclusión que intentan reinstalarse en la provincia.
SUTEF