La devastación de la industria nacional, la persecución a delegados/as, dirigentes sindicales y militantes, el crecimiento exponencial de la deuda externa, la destrucción del poder adquisitivo salarial y el ataque directo a la Ley de Contrato de Trabajo; la pre-aprobación de “Ley de Asociaciones Profesionales” que pretendía prohibir las organizaciones de tercer grado (como la CGT), que afectaba las obras sociales y distintos aspectos de la estructura económica y política de los gremios y el reclamo por la libertad de los presos políticos y la vuelta a la democracia. Fueron algunos de los motivos por los que se produjo en el año 1979 la convocatoria a nivel nacional “Jornada de Protesta”, de la cual sería su principal referente Saúl Ubaldini, frente al rechazo de las medidas adoptadas por el entonces Ministro de Economía Martínez de Hoz.
En su convocatoria decían: “Sentimos sobre nosotros la mirada inquietante de los trabajadores que podrían sentirse abandonados a su suerte, lo que determina nuestra decisión de colocarnos a la cabeza de la protesta que se generaliza para unificarla con la decisión de una propuesta nacional”.
Fue así que el 27 de abril de 1979 se llevó adelante el primer paro general durante la última dictadura cívica, eclesiástica y militar. Luego de tres arduos años, una parte del sindicalismo, la Comisión Nacional de los 25, integrada por organizaciones sindicales de la CGT que no se encontraban bajo intervención militar y que eran las más combativas en ese momento (Ej. Taxistas, Tabaco, Mineros, Municipales de Buenos Aires, Papeleros, Molineros, Ferroviario, SMATA, Obras Sanitarias, Luz y fuerza, Aceiteros, etc.), impulsaron y llevaron adelante el primer paro general a la Dictadura genocida.
A la par de ese grupo de dirigentes que se oponía a la Dictadura existió otro grupo de dirigentes nucleados en la Comisión Nacional de Gestión y Trabajo (Ej. Correos), que sostenían una postura aliada, dialoguista y colaboracionista.
Tres días antes de la huelga, el martes 24 de abril de 1979, el Ministerio del Interior hizo llegar a todas las gobernaciones una nota de carácter reservado y urgente en el que indicaba que este hecho significaba una acción “irresponsable y violatoria” de cara a los decretos y leyes que lo impedían.
La noche del 23 fueron detenidos los principales dirigentes gremiales que avalaban la convocatoria, el gobierno de facto declaró ilegal el paro y amenazó con sostener con todas sus fuerzas el orden público. Mientras que desde la CNT criticaban la medida tildándola de “unilateral y apresurada”. Recién convocaron a una medida luego de la derrota en la Guerra de Malvinas en 1982.
De todas formas, el paro se llevó adelante, y si bien contó con un acatamiento parcial por la represión instaurada en el país, tuvo una fuerte presencia del sector industrial y ferroviario. A su vez, representó un bastión en el proceso de recuperación de las organizaciones sindicales y de las libertades democráticas. Esa “Jornada de protesta” tuvo un fuerte impacto político que devino en más conflictos con el gobierno militar hacia fin de ese año y en una reorganización sindical acelerada, convirtiéndose en un hito de la resistencia obrera a la dictadura.
A 44 años de aquella fecha en donde tantas y tantos compatriotas lucharon por un país más justo e igualitario, reivindicamos el poder de lucha obrero y popular, que nos enseña una vez más que los derechos adquiridos son producto de la valentía y la unión del pueblo en las calles.
Secretaría de Derechos Humanos
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