Hace 39 años, nuestro país recuperaba la Democracia tras haber transitado siete años -desde 1976 hasta 1983- la dictadura cívica, eclesiástica y militar más sangrienta de nuestra historia.
Aquel 10 de diciembre, donde se conmemoraba la declaración universal de los Derechos Humanos, se lograba restablecer en nuestro país el sistema democrático y el estado de Derecho tras la lucha del pueblo, sindicatos, organizaciones políticas-sociales y organismos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que denunciaron los crímenes del terrorismo de Estado, las violaciones de derechos humanos, el plan sistemático de desaparición de personas y la apropiación de niñeces por parte de las fuerzas represivas.
Durante 39 años ininterrumpidos de democracia, nuestros pueblos han atravesado diversas crisis políticas y sociales que agudizan las desigualdades y vulneran derechos. En la actual coyuntura de nuestro país no todas las personas tienen los mismos derechos, se arrastra una situación de extrema desigualdad agravada por las dos pandemias; la invasión de Rusia a Ucrania; la disputa interimperialista entre China y Estados Unidos; el pago de la deuda usurera e ilegítima al Fondo Monetario Internacional; el avance de golpes de Estado en la región a través de las persecuciones judiciales (lawfare); el avance de sectores de las clases dominantes que genera condiciones de desestabilización y la falta de medidas del Estado que atiendan las necesidades populares.
No debemos perder de vista que los logros en materia jurídica de derechos humanos están sostenidos por las luchas colectivas y son el resultado de una construcción social permanente, lo que nos deja en claro que no son reglas establecidas e inmutables y que deben ser permanentemente ejercidas y defendidas.
La conquista de derechos es un proceso que responde a la pluralidad de los pueblos y a los intereses de los diferentes grupos sociales, en este camino la primera instancia es la visibilización de la situación de desigualdad, luego el reconocimiento del derecho y finalmente el ejercicio pleno. La lucha por los DDHH expone y desnaturaliza las prácticas establecidas que someten a las personas y grupos vulnerables.
Como trabajadoras y trabajadores de la educación educamos, construimos y luchamos para que el Estado garantice los Derechos Humanos plenamente y en defensa de la democracia, con el compromiso de construir una sociedad más justa, igualitaria y por la ampliación de derechos.
Las realidades de empobrecimiento que afrontan miles de personas en el mundo y las injusticias que atraviesan las historias de muchos pueblos, ponen de relieve la insuficiencia de un discurso de derechos humanos que no tome como punto de partida las relaciones de poder. Continuar avanzando en materia de derechos es una responsabilidad de todos y todas.
La escuela habla de Derechos Humanos
A la hora de trabajar en las instituciones educativas, es importante recordar que la aplicación de los Derechos Humanos a la que se encuentra obligado el Estado y sus autoridades se rige por los siguientes principios:
• Universales: corresponden a toda la humanidad en todo tiempo y lugar, aseguran que todo sujeto es sujeto de derecho, también persigue el objetivo de que todos los países adhieran a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y arbitren los medios necesarios para su cumplimiento. En este punto podríamos sumar una perspectiva intercultural que permita formas de expresión diferenciadas dentro de un marco que asegure la dignidad de las personas.
• Inherentes a todos los seres humanos: todas las personas tienen los mismos derechos, son iguales ante la ley. A pesar de que este reconocimiento no ha garantizado la eliminación de las asimetrías de poder y las injusticias, la igualdad formal de derechos y la participación democrática son herramientas que ayudan a profundizar la construcción de sociedades basadas en relaciones de poder más ecuánimes. Resulta importante remarcar que en muchas sociedades las mujeres aún afrontan distintas formas de discriminación, subordinación y sometimiento frente al hombre, lo que convierte al principio de igualdad de género en un punto primordial para garantizar la participación de mujeres y hombres en iguales condiciones de poder.
• Intransferibles e inalienables: nadie puede transferir, negociar ni renunciar a estos derechos. Los Estados no pueden negarlos, revocarlos o anularlos. Apunta a la prohibición de terceros de proponer canjes o negociados que perjudiquen las condiciones en que se practican los derechos adquiridos.
• Interdependientes y complementarios: los derechos se encuentran vinculados entre sí. La validez y aplicación de unos es condición para la plena realización de los otros, de tal forma que el quebrantamiento o desconocimiento de alguno de ellos significa poner en riesgo el ejercicio de otros. El discurso liberal ha intentado defender la prioridad de los llamados derechos individuales o de la libertad individual frente a los derechos denominados colectivos. En realidad, no existe tal prioridad, tanto unos como otros son producto de procesos de lucha de los pueblos por limitar el abuso de poder y poder construir relaciones sociales respetuosas y condiciones de vida dignas. Todos poseen la misma jerarquía e importancia.
• Obligatorios: el Estado debe establecer su accionar con el fin de garantizarlos. Debe no sólo reconocerlos sino implementar acciones concretas para que su ejercicio se haga realidad.
• Progresivos: El proceso de adquisición de derechos es un proceso abierto a través del tiempo, los Derechos Humanos resultan una construcción histórica que deviene de las luchas sociales que buscan liberarse de condiciones adversas a la dignidad humana y que están marcadas por la progresividad de las conquistas adquiridas. Este principio apunta a promover la progresiva ampliación y mejora de los derechos ya ganados de dos formas: a través de la declaración de nuevos derechos o la ampliación de los ya existentes, y por otro lado, resistiendo prácticas que empeoren las condiciones de vida o que intenten vulnerar beneficios ya alcanzados.