No solo es importante precisar en qué instancia de la negociación salarial estamos, sino cuál es la situación que contextualiza esta negociación.
La negociación en Mesa Paritaria Salarial, en el marco de la ley provincial 424, se retomó en abril del corriente año, luego de haber acordado en febrero aumentos salariales para el primer cuatrimestre. Sin embargo, no tuvo más acuerdo que las modificaciones de la antigüedad y la ampliación del pago del ítem de bonificación docente a todo el escalafón de la educación secundaria de adultos.
La discusión salarial fue interrumpida previo al receso invernal y terminada a partir del decreto unilateral del gobierno, que la docencia rechazó tanto en la mesa paritaria como en las asambleas de base, donde se dispuso un aumento para julio (del 8,5%) y agosto (del 7,5%).
Con los cuerpos de delegadas/os y en las asambleas se plantearon que los argumentos esgrimidos por el gobierno eran la baja de la recaudación nacional y la reducción de la coparticipación.
No obstante, se podría haber previsto si se consideraban los hechos anteriores a esta reducción, ¿cuáles son los hechos anteriores? Hay uno que es fundamental, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde se estableció para el presupuesto 2022 un compromiso de pago de más de $ 5.500 millones de dólares, que terminará siendo superior.
Eso claramente generó este proceso de aceleramiento de la inflación. Cada dólar que se recauda va al pago de la deuda, por lo tanto, casi no hay reservas. Esto presiona al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que acelera la devaluación del peso. Eso se ve reflejado en la menor recaudación provincial.
La decisión política de acordar con el FMI, en la que se prioriza el pago de la deuda externa en lugar de invertir en salarios, educación pública, salud pública, etc. se debió prever generando recursos provinciales más allá de los que están establecidos.
La recaudación actual en la provincia no toca los intereses de actividades y empresas a las que les va muy bien, que pagan sueldos en dólares, que importan sus insumos a dólar oficial y que cobran sus productos, por ejemplo, al dólar ilegal.
Hay un consorcio de empresas y monopolios que no han sido tocados nunca en la provincia. Esta situación, como lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, tiene la agravante de la inflación y al mismo tiempo la situación insostenible de los alquileres y el aumento de los alimentos.
A raíz de esto, es que desde nuestra organización pedimos que de manera complementaria y urgente el Estado avance sobre los mercados de alimentos e inmobiliario.
Nosotros habíamos planteado que el problema real que más iba a estar en discusión entre los trabajadores y trabajadoras era el proceso electoral Nacional. Sostuvimos que el problema iba a estar situado el 14 de agosto, fecha en que el gobierno nacional realizó una devaluación, concedida a los intereses del Fondo Monetario Internacional, que favoreció a monopolios exportadores, formadores de precios y entidades financieras.
Frente a esta devaluación, los únicos que perdieron fueron las y los trabajadoras/es, jubiladas/os, pensionadas/os, pequeños propietarios y cuentapropistas. Lo que sucede es que los perjudicados somos la inmensa mayoría del pueblo y entonces hay que tomar medidas inmediatas.
El contexto se completa con un anuncio de compensación de un pago de $ 60.000 en dos veces por parte del gobierno, que en principio no iba a destinar recursos. Este sábado se realizará una reunión de gobernadores en la provincia de Tucumán en la que se estaría clarificando un poco más el panorama.
Independientemente de eso, nuestra organización planteó la necesidad de que se tomen medidas extraordinarias y medidas recaudatorias que compensen la baja de recursos en la provincia. Sostenemos que el gobierno de la provincia podría hacerlo con una modificación de la tarifaria, disponiendo de la mayoría de la legislatura para avanzar en este sentido, por lo tanto es pura y exclusiva voluntad política.
Cuando decimos defender el salario y la educación pública estamos diciendo que es necesario profundizar el plan de lucha.
Somos conscientes que la presión cuando hacemos medidas gremiales, como desobligaciones o paros, las recibimos nosotras y nosotros, pero este es solo el comienzo de la crisis de deudas.
Junto al cuerpo de delegadas/os venimos discutiendo que se va a una crisis de deuda y que entonces es importante ganar las calles, la escena pública y la iniciativa política.
Nada bueno puede pasar si permanecemos inmóviles y sin disputar los recursos que deben atender las necesidades del pueblo y no a pagar una deuda ilegítima, fraudulenta y usurera. Se conoce quienes fueron los responsables, quienes fugaron los millones ingresados, a donde la fugaron y porque la fugaron.
En un contexto donde probablemente la inflación esté por encima del 120%, con alguna que otra devaluación más, es impostergable que los salarios de los estatales y en particular de la docencia se recompongan.
Planteamos, primero la urgente aplicación de la cláusula indexatoria, para que se frene la caída del salario frente a la inflación creciente. Como lo venimos explicando, esa indexación estaría varios puntos por encima de la inflación y se aplicaría de manera automática y directa en los básicos de todo el escalafón. Luego, poder discutir la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos en estos meses vía inflación y devaluación. Lo más urgente es cortar la inercia de no recuperación del salario porque si no se nos va a hacer muy difícil no solo recuperar sino recomponer.
El día jueves próximo realizaremos un Congreso Provincial de Delegadas y Delegados, en el que estaremos discutiendo el mandato que venga de cada institución educativa de la provincia y por sobre todo como nos unimos y como preparamos la pelea para que el Fondo Monetario Internacional no sea la prioridad, haciendo realidad la consigna del último congreso provincial presencial que dijo: LA DEUDA ES CON EL PUEBLO, NO CON EL FMI.
SUTEF 30 años en defensa de la Educación Pública y Popular