Una maestra de nivel inicial de la provincia de Santa Fe, con una antigüedad de 14 años, gana 34 mil pesos, mientras que una docente con la misma antigüedad, pero en Tierra del Fuego, tiene un salario de unos 21 mil pesos, “es claro el retraso salarial que tenemos, el cual nos llevó a pedir en diciembre de 2019 la apertura de paritarias, en las que tenemos la expectativa, por un lado, de recuperar la legalidad del sueldo, lo que significa que cada docente cobre proporcionalmente a la tarea que realiza, y por otro lado que haya una pauta salarial que tenga como piso el 100% de zona sobre la paritaria nacional, lo cual ha sido una bandera histórica de nuestro sector”, detallaba esta mañana Horacio Catena, secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), en Ártika.
“Tenemos un panorama de arrastre muy difícil, hay que trabajar mucho en el sector, por lo que no hemos tenido ni un día de descanso desde el inicio del período. Desde el primer día con la mesa técnica, la asunción de los compañeros representantes en la caja, de la obra social; tuvimos reuniones con el gobernador Gustavo Melella, tanto junto a todas las organizaciones gremiales estatales, como de forma privada y así pasó enero y este tiempo de febrero”, relataba el líder del gremio docente y secretario de Organización de la CTA -A a nivel Nacional en el programa Moneda Corriente.
El SUTEF había entregado en diciembre a la nueva gestión provincial liderada por Gustavo Melella, los resultados de un relevamiento de la situación de la infraestructura de los edificios escolares de Tierra del Fuego que había sido generado por el gremio durante largos meses de 2019, y que, además, fue repartido entre todos los bloques legislativos cuando se trató en el Parlamento la situación de emergencia de las instalaciones educativas. En este sentido, “la semana pasada tuvimos una reunión con la ministro de Obras Públicas, Gabriela Castillo, para saber cómo venían las intervenciones en los establecimientos, y nos dijo que estaba muy difícil, así que seguimos el tema con mucha atención y preocupación”, aseveró Catena y agregó que ayer, cuando la docencia de la escuela media volvió a sus actividades, muchos docentes se vieron con que “no se podían usar algunas instalaciones escolares, mientras que otras no han sido intervenidas aún, lo que denota un retraso” y deseó que “las ministras de Obras Públicas y Educación puedan comunicar a toda la docencia cuáles son los tiempos y plazos que se establecen para dejar seguros y habitables todos los establecimientos de la Provincia”.
En síntesis, “esas son nuestras expectativas, luego de haber pasado anoche a cuarto intermedio después de largas horas de trabajo, intercambio y discusión con el ministerio de Economia, y esperamos que el Ejecutivo haga una propuesta completa para que el gremio la pueda evaluar”, clarificó el docente y subrayó: “La recuperación del salario es impostergable, porque el endeudamiento y la falta de recursos son realmente preocupantes”.
Exonerados por Betone
En noviembre de 2017, la entonces gobernadora, Rosana Bertone, decretó la exoneración de Horacio Catena y 16 personas más. El quite de la tutela sindical fue apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hay un juicio en lo contencioso administrativo sin resolver en este marco.
“En principio yo soy el secretario General de la organización, estoy trabajando en los bachilleratos populares y obviamente estoy en plena legalidad para representar a la docencia de nuestra organización. No hay nada ilegal, incluso en la misma situación, cuando Bertone armaba la mesa salarial también han tenido que aceptar mi presencia”, relataba Catena.
Aunque son 17 los involucrados en toda esta situación, “por ahí el que más notoriedad pública tiene soy yo y se canaliza más en mi persona que en el resto, pero estoy en plena legalidad. Nosotros tenemos una certificación de autoridades expendida por el ministerio de Trabajo de la Nación, por lo tanto no hay discusión al respecto”.
De los involucrados, hay cuatro exonerados, un suspendido, y 12 que están sin ejecución de la exoneración, “el resto trabajamos en los bachilleratos e intentamos revertir la situación judicial y, por ende, la situación administrativa”, clarificó el secretario General, que desde 2017 quedó sin trabajo en la administración pública y sin cobro.
“Hay un consenso generalizado de que la situación: Ha sido una persecución política, porque de los hechos de 2013 no participamos solamente 17 personas, y fuimos seleccionados y además de las condenas tampoco hemos tenido el derecho a la legítima defensa. Estos son temas que ya dialogado y seguiremos hablando, y que esperamos tengan un debate colectivo, que no se matice, porque hemos sido utilizados como muestra del escarmiento a la docencia por el ajuste de Bertone”.