A 43 años del inicio de la guerra de Malvinas contra la potencia imperialista británica, honramos a nuestras veteranas, veteranos, y a nuestros caídos que dieron su vida con honor por la recuperación del archipiélago, un reclamo soberano que el pueblo argentino no olvida y mantiene vigente.
Sostenemos la denuncia frente a la ocupación ilegal e ilegítima por parte de Gran Bretaña, que profundiza el conflicto al militarizar la zona OTAN en territorio bicontinental, insular y marítimo argentino, como así también con la explotación de los bienes comunes naturales, ya sea a través de la industria pesquera, hidrocarburífera, turística o de navegación. Exigimos el cese de cualquier actividad militar en el archipiélago, como las maniobras militares de adiestramiento de fuego con munición de fogueo a gran escala por grupos Gurkas en nuestras islas.
Pedimos la derogación de los Acuerdos de Madrid I y II, como así también los acuerdos Foradori – Duncan y Mondino-Lammy. Ambos pretenden legitimar el saqueo por parte de Gran Bretaña sobre nuestro territorio y sus recursos.
Del mismo modo, insistimos en la urgente expropiación y desmantelamiento del radar inglés de la empresa LeoLabs, de capitales británicos y estadounidenses, en la estancia El Relincho, que atenta sobre nuestra soberanía en manos de una potencia que sostiene el colonialismo en el mundo, ocupando territorios de nuestra provincia. Vale recordar que en julio de 2024 el CEO de la empresa, Tony Frazier, anunció que la empresa “se enorgullece de apoyar al Comando Espacial y al Ministerio de Defensa del Reino Unido en este importante paso hacia el desarrollo de la primera constelación de satélites del Reino Unido destinados a realizar inteligencia, vigilancia y reconocimiento”.
Por ello, exhortamos al gobierno provincial a pronunciarse al respecto y actuar en función de los intereses soberano de las argentinas y argentinos que habitamos en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Estos hechos se agravan con la colaboración por parte del Gobierno Nacional de Milei y Villarruel que se da de hecho como consecuencia de la política entreguista y desmalvinizadora permitiendo las acciones mencionadas. Exigimos el fin del acuerdo de cooperación en el ámbito de las Fuerzas de Operaciones Especiales, firmado entre nuestro país y Estado Unidos, potencia aliada históricamente a Gran Bretaña, que permite realizar entrenamientos en Santa Cruz y en Tierra del Fuego AIAS -incluso en Islas de los Estados-, en perjuicio de nuestra defensa nacional.
No es de extrañar, considerando que el presidente ha expresado públicamente su admiración por Margaret Thatcher, primera ministra durante el conflicto armado y responsable por el crimen de guerra del hundimiento del Crucero Gral. Belgrano que significó la pérdida de 323 vidas argentinas.
Por el profundo respeto que sentimos hacia nuestros héroes y heroínas, y en honor a su entrega, es indispensable decir que este conflicto se dio en el marco del golpe cívico eclesiástico militar genocida, en una decisión adoptada por la Junta Militar con manifiesta inobservancia de las reglas militares fundamentales que rigen la preparación del conflicto bélico, con tropas escasamente capacitadas, con déficits de alimentos, abrigo y armamento, frente a una potencia bélica, tal como lo demuestra el Informe Rattembach.
En los 74 días que duró el conflicto, las autoridades militares ordenaron y ejecutaron diversos actos de tortura contra cientos de soldados conscriptos como el estaqueamiento y el enterramiento, métodos que no se diferencian de los empleados en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio que funcionaron desde 1975. Vale decir que se cuentan 115 imputados, procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad en el continente que integraron las fuerzas movilizadas en las Islas Malvinas (Comisión Provincial por la Memoria, s/f). En otras palabras, quienes planificaron y comandaron el conflicto bélico son los mismos criminales de lesa humanidad, y es necesario tenerlo en cuenta para aproximarnos a una mejor comprensión de nuestra historia reciente.
El 14 de junio de 1982 la rendición argentina fue firmada por el genocida Mario Benjamín Menéndez, con 632 soldados argentinos muertos, 1200 heridos -muchos de ellos con secuelas físicas y otros psíquicas-. Finalizada la guerra, las cúpulas militares hicieron firmar a las víctimas de tales vejámenes algunos documentos y les impusieron el “pacto de silencio” respecto a los hechos ocurridos en las islas (MPF, 2024).
En la actualidad, las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en Malvinas calificados como crímenes de lesa humanidad están siendo juzgadas en el Juzgado Federal en Río Grande por la jueza federal Mariel Borruto.
Tampoco olvidamos a nuestras veteranas, mujeres que participaron en el conflicto y que fueron invisibilizadas y despreciadas por la derecha machista y castrense, al punto de no permitírseles participar en actos oficiales por el 2 de abril. Hoy, reivindicamos la valentía, coraje y entrega de las 16 mujeres que estuvieron en el teatro de operaciones en las Islas. Mujeres que fueron silenciadas, que no recibieron asistencia médica o psicológica, a quienes se les prohibió el contacto con sus familiares durante unos días, como así también hablar sobre lo que habían visto en el archipiélago.
Reivindicamos el lugar que le corresponde a nuestras heroínas en la historia y en la memoria colectiva del pueblo argentino. Honramos a las y los combatientes que entregaron sus vidas.
¡Fuera piratas de territorio soberano argentino!
¡Desmantelamiento urgente del radar en suelo argentino!
¡Honor a nuestras veteranas y veteranos de Malvinas!
¡Juicio y castigo a los genocidas y torturadores de nuestros héroes!
Sec. Cultura, DDHH y Medio Ambiente
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