Memoria, Verdad y Justicia

La madrugada del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas de nuestro país, en connivencia con la iglesia católica y sectores empresarial, interrumpieron el orden constitucional derrocando al gobierno de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón.

La Junta Militar -conformada por el general Jorge Rafael Videla (Ejército), el almirante Emilio Eduardo Massera (Marina) y el brigadier Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica)- depuso los tres poderes del estado y dio comienzo al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

En la región ya se habían instalado dictaduras militares en Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Brasil, en el marco de lo que se denominó Plan Cóndor. 

“El Plan Cóndor fue un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del setenta hasta iniciados los años ochenta para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña” (Plan Cóndor – Una asociación ilícita para la desaparición forzada de personas, Centro de Estudios Legales y Sociales). A raíz de diversos archivos encontrados en una comisaría en la ciudad de Asunción del Paraguay, se constató que la coordinación de todo el plan estaba a cargo de la central de inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de Norteamérica.

En el marco de la guerra fría, el plan Cóndor y el gobierno de facto instaurado en nuestro país, se cometieron innumerables violaciones a los derechos humanos que incluyeron la persecución, secuestro, apropiación, tortura y desaparición de personas con el despliegue de más de 750 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. La Junta Militar consolidó un plan clandestino y sistemático criminal que instaló el terrorismo de Estado como mecanismo para someter y desaparecer 30.400 personas, detener a más de 10.000 personas en las cárceles y empujar al exilio a miles de personas.

Numerosas organizaciones de derechos humanos, miles de militantes  y la ciudadanía en general lucharon contra la dictadura cívica-eclesiástica-militar y por la recuperación del sistema democrático. Se luchó y se logró llevar a 9 integrantes de las Juntas Militares a la justicia, logrando la primera condena al terrorismo de Estado instaurado en nuestro país en 1976.

Desde la recuperación de la democracia se logró la condena de 1.115 genocidas, sin embargo, la justicia garantiza que la mayoría de las condenas no estén firmes, garantizando y sosteniendo la impunidad de los genocidas, garantizándoles preventivas o prisión domiciliaria.

El pacto de silencio respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura está intacto hasta nuestros días, ningún tipo de información sobre el destino de las víctimas ha sido brindada por alguno de los genocidas, manteniendo hasta nuestros días la incertidumbre, por ejemplo sobre la identidad y paradero de una gran cantidad de niñeces secuestradas y privadas de su derecho a la identidad hasta el presente.

Quedan todavía genocidas, torturadores, secuestradores y apropiadores, militares, del ámbito eclesiástico y civil, totalmente impunes, que mantienen posiciones de gran influencia en la vida política, judicial, económica y religiosa en nuestro país.

Asimismo, los partícipes del gobierno de facto se ocupan de hacer apología de los horrores cometidos por la dictadura en los medios de comunicación, empresas, partidos políticos, poder judicial, etc. y ponderan las políticas de entrega de soberanía que se materializaron en las políticas económicas  de esos años negando o relativizando el terrorismo de estado y las devastadoras consecuencias que tuvo sobre todo el pueblo argentino.

El avance sobre la clase trabajadora fue brutal, se suspendió el derecho a huelga y se intervino las principales organizaciones sindicales del país, junto con un marcado retroceso en materia de legislación laboral. Creció el cuentapropismo y la tercerización de múltiples trabajos lo que generó una mayor concentración de la riqueza en detrimento de las y los trabajadores.

La dictadura genocida costó la vida de miles de militantes y dirigentes sindicales, pero a pesar de la brutalidad represiva descargada por los militares un 27 de abril de 1977 se declaró la primera huelga general en plena dictadura, la cual se convirtió en un hito en el proceso de debilitamiento de la dictadura. 

Los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas junto al resto de las fuerzas de seguridad (Gendarmería, Policía Federal y todas las policías provinciales) contra su propio pueblo se extendieron a lo largo y a lo ancho de todo el país, sembrando el terror y la muerte en cada provincia, en cada ciudad y cada pueblo. 

En nuestra provincia atravesamos en la actualidad un proceso de reconocimiento de las víctimas, que durante muchos años por diversos motivos fueron ocultadas a la sociedad y que aún cuesta un gran esfuerzo que la población las reconozca, es el caso por ejemplo de la docente Florencia Rojas, asesinada frente al casino de oficiales de la ciudad de Río Grande , o el caso de Marcela Andrade, una niña también asesinada pero en un control militar en la ruta n.º 3 en cercanía de la Misión Salesiana. Ambos casos resultado de disparos contra los vehículos en los que viajaban por parte de efectivos del batallón de infantería n.º 5. 

En el año 2007 fueron radicadas en la ciudad de Río Grande denuncias por torturas contra soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas. Las denuncias por estos crímenes acusa a un centenar de ex militares argentinos por diversas torturas y están radicadas en el juzgado federal a cargo de la jueza Mariel  Borruto quien se ha encargado de que no avance la investigación y garantizar la impunidad a los militares responsables. En estos  momentos la causa está en la suprema corte de justicia a la espera de que esta declare si los crímenes en cuestión son de lesa humanidad o no, lo cual les daría la calificación de imprescriptibles.

El respeto por los derechos humanos debe ser un objetivo fundamental de cualquier estado, entendiéndolos como un conjunto de libertades y derechos que apunta a una vida digna, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Los derechos humanos deben ser comprendidos como la síntesis de las luchas que se han realizado a lo largo de la historia por obtener y mantener vigentes las conquistas, y los procesos de reconocimiento por parte de los estados y la comunidad internacional que normalmente llegan a su concreción con la sanción de alguna ley o norma escrita que le da legalidad.

Desde esta perspectiva tenemos que decir que son los estados nacionales a través de sus agentes los responsables de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por consiguiente es el propio estado el único que puede violarlos.

Secretaría de Derechos Humanos
SUTEF

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