Desde el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina, SUTEF, expresamos nuestro contundente repudio frente a la sanción de la reforma del régimen penal juvenil que baja la edad de punibilidad de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Esta ley va en contra de la Constitución Nacional, la Ley N.° 26061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, la Convención sobre los Derechos del Niño y las consideraciones señaladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para Argentina, poniendo a las infancias argentinas en un grave riesgo. 

Las estadísticas presentadas por el propio gobierno demuestran que no existe una problemática generalizada en nuestro país que requiera una reforma del régimen penal juvenil, pero toma casos excepcionales como un problema global para retomar el discurso de mano dura, corriendo la discusión pública de la creciente crisis económica a la que nos están empujando. Lejos de solucionar las problemáticas que atraviesan las y los adolescentes que se encuentran en conflicto con la justicia, profundiza las condiciones de exclusión en que se encuentran al no proponer estrategias que favorezcan el acompañamiento, la reinserción y la prevención de conductas conflictivas. 

Con la sanción de esta ley regresiva, vemos cómo el Estado en sus tres poderes se desentiende, aún más, de su responsabilidad de proteger los intereses de NNyA y de asegurar su bienestar integral, desconociendo que se trata de una población en pleno desarrollo que debe ser protegida y que no se encuentra en las mismas condiciones que un adulto o adulta. 

El posicionamiento del gobierno de Javier Milei es claro y lo venimos denunciando: ya con el proyecto de reforma del Sistema Educativo que deja de considerar que la educación es una política pública de Estado y se corre de su rol de garante de los Derechos de NNyA para declarar el rol preferente de la familia, sumado al cierre de 17 programas educativos nacionales en 2025 y a la reducción de los presupuestos educativos, principalmente en la educación técnica, incumpliendo adrede las leyes vigentes. 

Resulta extremadamente grave que este gobierno, con la complicidad de legisladores y legisladoras nacionales, recorte partidas presupuestarias para educación al tiempo que asigna recursos para criminalizar a adolescentes, en un contexto de creciente fractura del lazo social y de una desigualdad social que se agrava y se afirma como un problema estructural causado por las políticas neoliberales que favorecen a los sectores concentrados del poder. 

Por el contrario, nuestras infancias y adolescencias se merecen un Estado que diseñe políticas públicas transversales e integrales que les aseguren el pleno ejercicio de sus derechos en ambientes seguros y respetuosos. No es con más chicas y chicos judicializados, sino con más escuelas, más espacios deportivos, culturales y sociales, es con adultas y adultos capaces de mirarlos, escucharlos, acompañarlos y cuidarlos. 

Rechazamos contundentemente esta ley inconstitucional y regresiva. Diputadas/os y senadoras/es: con la sanción de esta ley junto a la reforma laboral en un mismo día han condenado a nuestro país a ser un lugar más injusto. Para congraciarse con el presidente y con los sectores más concentrados del poder, han sumido a ciento de miles de familias a peores condiciones de vida y, a las infancias y adolescencias a mayores grados de marginalización. 

Exigimos políticas públicas que garanticen una vida digna para nuestras niñas y niños.

Las y los adolescentes no son un peligro, están en peligro.

No a la criminalización de las niñeces.

Por infancias y adolescencias libres, diversas y felices, en el ejercicio pleno de sus derechos.