Desde la vocalía representante de las trabajadoras y trabajadores en actividad de OSEF reclamamos formalmente al presidente de la obra social que intime al Ejecutivo provincial a pagar la deuda de $19.739 millones que mantiene con el organismo.
$19.739.292.200,83 es la deuda que, según los registros contables del organismo, mantiene el Ejecutivo de Tierra del Fuego en concepto de aportes, contribuciones, intereses y obligaciones vinculadas al Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE).
El dato surge de una presentación realizada por la vocal Adriana Soria ante el presidente de OSEF, Gustavo García. Exigimos que la conducción de la obra social adopte medidas para exigir al Gobierno provincial el pago íntegro e inmediato de los fondos adeudados.
El monto se desglosa en $9.032.200.143,83 por aportes, contribuciones e intereses, más $10.707.092.057,00 correspondientes al Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE). Advertimos que la cifra que se adeuda «exige una intervención inmediata y decidida» por parte de la presidencia del organismo.
El principal deudor es el mismo Estado provincial que tiene a su cargo la conducción política de la obra social. «Esa circunstancia no puede constituir un obstáculo para el ejercicio pleno de las competencias que la ley le confiere, ni para la defensa del patrimonio de la Obra Social frente a cualquier deudor, incluido el propio Estado provincial». Y agrega: «La autarquía del organismo así lo exige», afirmó Soria.
«El recupero de los montos adeudados resulta imperioso para sostener el normal funcionamiento del organismo», sostiene la vocal, advirtiendo que la falta de esos fondos compromete el normal funcionamiento de la OSEF, afecta el circuito de pagos a prestadores y proveedores, y pone en riesgo la continuidad de las prestaciones de salud para las trabajadoras y trabajadores del Estado provincial y sus familias.
La vocal del Frente Lila exige la intimación formal e inmediata al Ejecutivo provincial para la cancelación total de los montos adeudados más sus intereses. Asimismo, demanda la rendición de cuentas pública e informe detallado de las acciones desplegadas para el recupero de estos fondos.