Rechazo total a la ley bases

👉 Compartimos los principales puntos claves de la Ley Bases que quieren aprobar en el Senado y por qué es fundamental movilizarnos para frenarla.

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Este miércoles se tratará en el Senado de la Nación el megaproyecto de ley “Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos”, promovido por el gobierno de Javier Milei.

Desde el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) reafirmamos el profundo rechazo al DNU 70/23, la Ley Bases y el paquete fiscal.

🚫 La soberanía argentina, la industria nacional, el desarrollo científico y tecnológico, los recursos naturales, las empresas públicas, la cultura, el sistema previsional, la salud pública y la educación pública están en juego.

📣 Convocamos al pueblo, las organizaciones sociales, sindicales y políticas de la provincia de Tierra del Fuego AeIAS a salir a las calles a manifestarse en la más amplia unidad en rechazo del megaproyecto de ley que avasalla pilares de la democracia y la soberanía, la Constitución Nacional y derechos elementales que la clase trabajadora argentina conquistó con luchas.


Reforma regresiva de derechos laborales y sociales

Período de prueba: amplía los períodos de prueba de 3 a 6 meses para empresas con más de 100 trabajadores/as; de 3 a 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores/as; y de 3 meses a 1 año para minipymes de hasta 5 trabajadores/as.

Elimina multas y sanciones: exime de todas las sanciones y multas a empleadores por trabajo no registrado (“en negro”), registrado parcialmente o por consignar fecha de ingreso posterior a la real.

Colaboradores: crea la figura de “colaborador” para trabajadores/as, las empresas de hasta 5 trabajadores/as podrán contratar personal sin ningún tipo de registración laboral, privando de cualquier tipo de derecho previsional, forzando su autonomía aun cuando hay dependencia.

Tercerización: las empresas podrán despedir trabajadoras y trabajadores tercerizadas/os sin hacerse cargo de la relación laboral ya que se limita la responsabilidad solidaria.

Despido por causas discriminatorias: impone una tarifa indemnizatoria (tope) para el caso de despidos discriminatorios, sin distinguir la discriminación (ya sea por su actividad sindical, orientación sexual, religión, ideas políticas, etc.).

Elimina multas: elimina multa a empleador por no pagar indemnización por despido, es decir que una indemnización tarifada -que debiera ser automática- a partir de esta ley dará lo mismo pagarla o no.

Fondo de Cese Laboral: habilita la creación de un fondo de desempleo, remplazando la indemnización. El empleador deposita una parte del sueldo de un/a trabajador/a mensualmente en una cuenta bancaria para que esté disponible en caso de despido.

Limitación del derecho a huelga: sienta las bases para la reglamentación y limitación del ejercicio del derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores en cualquiera de sus manifestaciones.

Restitución del Impuesto a las Ganancias: 1,2 millones de trabajadoras y trabajadores (a fin de 2024 serán más de 2 millones) volverán a pagar este impuesto.

Se eliminan eximiciones como aguinaldo, horas extras, guardias médicas o ropa de trabajo.

Monotributo: suben escalas y montos a pagar.
Elimina el monotributo social,
afectando a 1,2 millones de personas que pasarían a pagar un aumento de más del 700%.

Moratoria: elimina la moratoria que permitía jubilarse a personas que no tuvieron 30 años de aporte, perjudicando a 9 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres.

Quienes no tengan los requisitos legales para jubilarse solo podrán acceder a la PUAM. Esta pensión es de 137 mil pesos en la actualidad, no alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria.

La mayoría de las mujeres deberán trabajar cinco años más, hasta cumplir los 65.

Fondo de Garantía de Sustentabilidad: autoriza al Tesoro Nacional a adquirir y cancelar títulos públicos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, por lo que podría perder el 75% de su valor y licuar sus fondos.

Atentado a nuestra soberanía nacional

➜ La ley bases privatiza o vende parcialmente empresas públicas en sectores clave, lo que implica la venta de patrimonio nacional, desregulaciones y pérdida de soberanía.

➜ Las privatizaciones, concesiones o ventas parciales de empresas públicas habilita negocios nuevos o la ampliación de los existentes, en beneficio de unos pocos privados y a costa del pueblo argentino.

➜ Se privatizarían: Aerolíneas Argentinas; Energía Argentina; Radio y Televisión Argentina; e Intercargo SAU.

➜ Se venderían dos firmas en sectores claves de la economía como Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.

➜ Se concesionaría a firmas privadas las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Correo Oficial de la República Argentina; Belgrano Cargas y Logística; Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

➜ El Poder Ejecutivo podrá eliminar, modificar, transferir e intervenir organismos creados por ley o empresas estatales, como el Hospital Posadas, ARSAT y el Banco Nación.

➜ El Poder Ejecutivo podrá vaciar áreas del sistema científico y tecnológico claves como CONICET o la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), entre otros.

➜ El Poder Ejecutivo podrá disolver el Banco Nacional de Datos Genéticos, que posibilitó la recuperación de más de 130 nietos y nietas.

➜ El poder Ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno. Las empresas podrán subir los precios en surtidor, igualando el precio internacional, desprotegiendo a consumidores.

➜ La renta empresarial se convierte en objetivo prioritario y ya no el autoabastecimiento o el desarrollo económico.

➜ Brindará concesiones de 25 a 35 años.

➜ No hay ni razones para reformar un sector que viene creciendo de manera sólida, ni propuesta de agregado de valor.

➜ El Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) se enmarca en una profunda política antiindustrial.

➜ Ofrece excesivos beneficios tributarios y cambiarios durante 30 años para quienes inviertan un mínimo de 200 millones de dólares, sin ninguna exigencia: no hay sectores prioritarios, ni obligación de promover proovedores locales, ni agregar valor en Argentina.

La industria local perdería competitividad y se encontraría en condiciones de desigualdad por las ventajas excesivas ante el proveedor internacional inscripto en el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones.

No es política industrial, es un régimen cuasi colonial que no tiene un programa de desarrollo de proveedores locales; no prioriza sectores estratégicos; no exige contenido de industria nacional; no exige transferencia tecnológica; no exige liquidación de dólares; no hay obligación de abastecer al mercado interno sino que se puede exportar toda la producción.

Pone en riesgo toda la industria local y sus puestos de trabajo al facilitar la importación de bienes que compiten con lo nacional.

Cesión de soberanía: en caso de controversias, la resolución se realiza en el tribunal extranjero CIADI.

Atentado institucional – Delegación de facultades

El presidente tendrá facultades extraordinarias durante 1 año para decidir en materia administrativa, económica, financiera y energética, sin tener que pasar por el Congreso Nacional.

Se avasallan pilares de la democracia y la división de poderes consagrada en la Constitución Nacional. El presidente podrá hacer cambios estructurales de manera permanente.

Atentado la igualdad en la redistribución de ingresos

➜ Se condonan deudas y reconocen 60 meses de aportes a empleadores que no registraron trabajadores.

➜ Blanqueo low cost: extremadamente laxo. Tasa 0% hasta 100 mil dólares sin exigir repatriación. Con depósito en cuenta local, la tasa 0 no tiene tope. Ningún control sobre origen de fondos.

Blanqueo de capitales: pueden blanquear dinero en efectivo y activos financieros sin límites, sin controles y sin pagar impuestos.

Baja de Bienes Personales: de 2,25% a 0,25%. Estabilidad por 15 años.

SUTEF ¡La educación pública y popular construye Memoria Verdad y Justicia!

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