Actualmente, el salario docente se encuentra 40 puntos por debajo de la inflación acumulada durante este año.
¿Cómo se explica esto? Durante el primer cuatrimestre, la docencia tuvo una recomposición salarial del 41,5% de aumento en los básicos de todo el escalafón; y en el segundo cuatrimestre, sin acuerdo y con un decreto unilateral del gobierno de la provincia, se llegó a un 64,2% acumulativo a los básicos. En cuanto a la inflación acumulada a la fecha, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), se encuentra en torno al 103,2%.
La diferencia entre la inflación acumulada y el porcentaje de aumentos acumulados por el sector docente nos da un aproximado del 40%.
Ahora bien, esta situación no queda únicamente en esa dimensión porque sucedió en estos meses que la aceleración de la inflación se incrementó, agravando y deteriorando aún más nuestro salario, ya que al haberse detenido e interrumpido el acompasamiento logrado gracias a la lucha docente y a la mesa paritaria abierta que se lograron aumentos salariales por encima de la inflación. Con la cancelación de dicha instancia el deterioro fue abrupto, sumado además a una fuerte incidencia inflacionaria en productos esenciales como el alimento, la vestimenta, el combustible, los servicios y obviamente la situación habitacional en nuestra provincia.
A esto debemos sumar un factor como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que nuestra organización y el sector docente rechazó. Este acuerdo -al que el gobierno de la provincia dio su apoyo a través de la diputada nacional Mabel Caparrós- ha significado una lápida para la Argentina, fue la legalización del endeudamiento de Macri y la fuga de capitales sin investigación. A su vez, fue el puntapié para que el FMI se instale nuevamente en Argentina, controlando finanzas y economía, generando este plan económico inflacionario.
Otros factores que debemos incorporar al análisis son, por un lado, que las medidas tomadas por el gobierno nacional con relación al tema inflacionario no han ayudado y por otro, la devaluación del 14 de agosto socavó aún más el ya deteriorado salario docente. Por lo tanto, la situación de agravamiento tiene múltiples aristas y no se resuelve ni mágica ni fácilmente.
No a todas las personas les va igual, y en este sentido, SUTEF ha planteado desde febrero de este año que se deben tomar medidas por parte del Estado.
Se propuso como primer medida la intervención del Estado en el mercado inmobiliario a través de la generación de un plan de urbanización, producción de suelo urbano, construcción rápida de viviendas, la regulación del mercado inmobiliario urbano de manera urgente y el subsidio —en forma directa— de los alquileres a las trabajadoras y trabajadores de la educación.
Entendemos que este subsidio debe abarcar a más sectores, ya que el aumento exponencial del valor de los alquileres se debe claramente al incremento especular que ha tenido la actividad turística. Es decir, se generó una especulación inmobiliaria basada en poner la gran mayoría de los inmuebles en alquiler de carácter temporales, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de inspección ni control y obviamente sin ningún tipo de tributación que le genere a los estados provinciales o municipales ingreso alguno para equilibrar a favor de los vecinos y vecinas, que somos quienes ponemos en marcha las ciudades durante todos los días del año para poder vivir en el lugar en el que se generan estas actividades.
La segunda medida es la intervención en el mercado de alimentos generando una empresa provincial de producción, venta, comercialización y distribución de alimentos que quite la cartelización de precios que se ha generado entre los cuatro o cinco mayoristas de la provincia.
Esta batería de medidas debe ser de carácter urgente, aunque hasta el día de hoy duermen en el sueño de los justos.
Así mismo, ha habido una presentación de un proyecto de ley del gobierno de la provincia para declarar la emergencia habitacional. Sin embargo, no se conoce el contenido, no se nos ha convocado a discutir y la legislatura… bien gracias. El proyecto sigue esperando alguna reunión de comisión para ver si le dan tratamiento o no.
Mientras tanto emergen los privilegios. Mientras que a la docencia y otros escalafones de los sectores estatales se les niegan aumentos salariales, argumentando imposibilidades presupuestarias, a otros entes del Estado no. No es lo mismo lo que le sucede a los mortales comunes, a los estatales comunes que a los mismos privilegiados de siempre.
Las recomposiciones de quienes integran el Poder Judicial parecieran no correr la misma suerte que el resto de las y los estatales, y no nos referimos a los trabajadores y trabajadoras judiciales que se han ganado en buena ley, con lucha, con paros y con movilización las recomposiciones salariales.
Nos referimos al resto del Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas, y acá hay un punto muy importante, porque cuando este ente mueve su escala salarial, mueve la escala salarial del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo ya que están referenciados al mismo por la conocida “Ley de enganche”.
Es decir, se mueve un punto el Tribunal de Cuentas y de manera proporcional se mueve un punto en los salarios, dietas y sueldo de la dirigencia política de la provincia. Por lo tanto, es imposible que haya justicia distributiva en un momento de crisis como el que existe, donde está en juego la salud pública, la educación pública y tantas otras cosas, cuando dentro del mismo presupuesto hay sectores que pueden discutir a discrecionalidad y nosotros discutimos ajustes.
Por eso, compañeras y compañeros, como venimos diciendo desde que se puso en marcha el brutal ajuste del Fondo Monetario Internacional, la gran pelea que estamos dando tiene mucha importancia, por eso no la tenemos que dejar y tenemos que profundizar tanto en la comprensión de lo que pasa como en las medidas que son necesarias tomar. Y para eso, hay que participar, hay que discutir y hay que cuestionar.
No vamos a permitir que la variable de ajuste continúe siendo la educación pública, los salarios estatales y que como producto de esto, se ajuste a los fondos de nuestra obra social, las jubilaciones y pensiones de nuestras compañeras y compañeros.
No pretendemos el conflicto permanente, no estamos dispuestos y dispuestas a ser señalados como los generadores de una situación que vulnera derechos a las niñeces, a las adolescencias y a las juventudes que transitan la escuela pública.
Defendemos la escuela pública y para defenderla hay que defender la inversión en sus edificios, la discusión de sus contenidos y sus currículas en todos los niveles y modalidades, pero también que cualquier docente con un cargo pueda soñar y vivir con dignidad.
No podemos aceptar como natural, por más presiones sociales que nos intenten imponer, que debemos trabajar dos cargos y el 75% de eso se vaya en pago de alquiler y con el otro resto hagamos malabares para ver si llegamos en algún momento a la canasta familiar.
Compañeras y compañeros, la lucha continúa. Defendamos la educación pública, defendamos nuestros derechos, defendamos las jubilaciones y defendamos nuestro salario.
A seguir discutiendo y a seguir trabajando. Seguramente de acá a fin de año nos esperan más batallas, más calles, más asambleas, más desobligaciones y los paros que estemos dispuestos a hacer, pero desde ya advertimos que si esta es la circunstancia en la que terminamos, el año que viene no empezamos. ¡Viva la educación pública!