El pasado 23 de febrero se llevó adelante una reunión en la sede del Ministerio de Educación (Cano 507), con la presencia de representantes de la Escuela Popular de Géneros, Disidencias y Masculinidades; representantes del SUTEF y autoridades del Ministerio de Educación, la Secretaria de Políticas de Inclusión, Belén Córdoba.
La reunión estuvo atravesada por la incertidumbre en relación con la continuidad laboral de las compañeras/ os, y lo que la secretaria de Políticas de Inclusión, Belén Córdoba, denominó “reorganización del trabajo calendario” (lo que sería flexibilización del trabajo docente).
Para justificar los recortes, se informó que el Ministerio de Economía cuenta con recursos limitados, enmarcando la situación en un escenario de crisis presupuestaria. Los argumentos expuestos intentaron presentar el ajuste como una consecuencia inevitable del contexto económico.
Sin embargo, no se brindaron definiciones concretas respecto a:
➡️ La continuidad del programa posterior al 9 de marzo.
➡️ La carga horaria del equipo docente.
Por otra parte, el proyecto presentado oportunamente por la Escuela Popular —que incluye institucionalización, articulaciones territoriales y propuesta pedagógica— fue entregado por escrito meses atrás. Aun así, la respuesta oficial fue que “será evaluado”, sin compromisos formales de continuidad.
La palabra de las compañeras en la reunión de la Escuela Popular de Géneros dejó manifiesta con absoluta claridad la preocupación ante medidas que atentan contra políticas públicas fundamentales:
➡️ Falta de definiciones políticas respecto a la continuidad del programa.
➡️ Reducción de horas en función de una supuesta limitación presupuestaria.
➡️ Ausencia de garantías concretas para el inicio del ciclo 2026.
➡️ Impacto directo sobre una política de género consolidada territorialmente.
Asimismo, se señaló que el recorte vulnera compromisos previamente asumidos por el Ministro de Educación, Pablo López Silva, y por el Gobernador Gustavo Melella, quienes habían garantizado la continuidad del espacio.
Desde el SUTEF dejamos expresado con absoluta claridad que:
➡️ No aceptamos que el ajuste sea presentado como el único horizonte posible.
➡️ La reducción de horas y la falta de definiciones no son cuestiones técnicas ni administrativas: son decisiones políticas.
➡️ La incertidumbre laboral es una forma de precarización.
➡️ Cuando se debilitan políticas de género y educación popular, se profundizan las desigualdades estructurales.
➡️ La “reorganización” planteada no es neutral. Cuando el Estado reduce horas, demora decisiones o no garantiza continuidad, no está ordenando recursos: está desfinanciando políticas públicas estratégicas y vulnerando derechos.
La Escuela Popular de Géneros no es un programa accesorio. Es una política educativa con anclaje territorial, con articulaciones comunitarias y con impacto directo en sectores históricamente vulnerados.
Desde SUTEF reafirmamos que:
➡️ La educación popular no puede ser variable de ajuste.
➡️ Las políticas de género no pueden depender de coyunturas presupuestarias.
➡️ La estabilidad laboral de la docencia no es negociable.
➡️ El ajuste no es inevitable: es una definición política. Y como organización sindical no vamos a naturalizar la precarización ni el retroceso en derechos conquistados.